Al proponer un punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para un exhorto al Ejecutivo Federal en ese sentido, ambos legisladores puntualizaron que éste, específicamente su Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), tiene los instrumentos jurídicos, institucionales, materiales y humanos a su alcance, pero los desaprovecha e incumple su tarea, mientras el problema crece diariamente.
Debido a ello, la CNDH le recordó en marzo y abril pasado a la Semarnat y a su Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) que a la fecha hay 177 áreas naturales protegidas federales decretadas con superficie de 25 millones 628 mil hectáreas, equivalentes a 10.57 por ciento del territorio nacional terrestre y 1.54 por ciento del territorio nacional marino.
Debido a la omisión de sus obligaciones, ambas dependencias reconocen que sólo cuentan con programas de manejo para 102, que están por abrogar 27, que 24 tienen problemas en sus poligonales, que dos apenas se encuentran en etapa de consulta pública, uno está en borrador y que uno más está por publicarse.
Para justificarse por estas cifras que evidencian su incumplimiento -y contrario a lo que señala la Constitución-, la Semarnat y la Conanp alegan que la falta de los programas de trabajo no repercute en una violación a los Derechos Humanos y que varias de las áreas carentes de los mismos perdieron los objetivos de conservación que dieron origen a su declaración.
“Tal afirmación de las autoridades resulta incongruente, ya que precisamente la inexistencia de instrumentos de planeación y regulación que establezcan las actividades permitidas y la delimitación precisa de la sub zonificación, como son los programas de manejo, ha contribuido a la degradación y/o perturbación de las mismas”, les reviró la CNDH en su recomendación a dichas dependencias.
Es decir, fue el incumplimiento, irresponsabilidad o descuido de Semarnat y Conanp, lo que permitió que muchas de las 177 áreas naturales protegidas estén en riesgo de desaparecer, por lo que la CNDH les recomienda emitir los programas de manejo mencionados y, sobre todo, cumplirlos con urgencia.
La CNDH –dijeron Ortega Álvarez y Rubio Quiroz- le enfatizan a esos órganos del Ejecutivo Federal que los mencionados programas son relevantes, pues la falta de normatividad y control ha hecho que algunas áreas naturales protegidas se hayan perdido y no cumplan su función, lo que impacta al Derecho Humano a un ambiente sano para los mexicanos.
Ambos legisladores enfatizaron que la recomendación de carácter general hecha por la CNDH, emitida el 13 de abril de 2016, no requiere aceptación por parte de las instancias destinatarias y sí, en cambio, el envío en un plazo máximo de 30 días hábiles de las pruebas de que las acatan y cumplen.
Ortega Álvarez, Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD, y Ortiz Rubio, secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, solicitaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión apoyar a la CNDH para que Semarnat y Conanp trabajen y cumplan su obligación.
Específicamente le propusieron que les pida información sobre su cumplimiento a la recomendación sobre la falta y/o actualización de los programas de áreas naturales protegidas o, de ser el caso, que valoren en cuánto tiempo podrían cumplirlas si trabajaran de verdad en ello.
