Propusieron lo anterior los diputados Juan Romero Tenorio y Araceli Damián González (Morena), en un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, y destacaron la necesidad de diseñar y establecer una estrategia integral, interinstitucional y multidisciplinaria, por el incremento de este delito en todo el país.
El objetivo es buscar a personas desaparecidas y encontrarlas con vida; de no lograrse, identificar sus restos y entregarlos de forma digna a sus familiares, para que realicen su proceso de duelo según sus costumbres y creencias.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las encuestas sobre las víctimas muestran que la cifra negra en México -diferencia entre los delitos cometidos y los denunciados- “es alta y va en aumento”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) revela que la cifra negra ascendió a 92 por ciento en 2010, y en 2012 reportó que sólo el 12.2 por ciento de los delitos fueron denunciados, y de éstos 64.7 por ciento dio origen a una averiguación previa.
La exposición de motivos precisa que la Procuraduría General de la República (PGR) reportó entre 1999 y 2012, un total de dos millones 101 mil 660 denuncias por diversos delitos a nivel federal, y un millón 431 mil 342 averiguaciones previas iniciadas a propósito de dichos ilícitos.
Refiere que en diversos estados las agencias del Ministerio Público son insuficientes, su tasa de efectividad es muy baja y en promedio sólo resuelven alrededor de 13 por ciento de las averiguaciones previas que se abren.
A nivel estatal, un sinnúmero de delitos no se denuncian, porque las víctimas prefieren cargar con su agravio antes de exponerse a ser doblemente victimizadas por las autoridades, además de considerar que tienen pocas probabilidades de que se resuelvan sus casos de manera favorable, señala el estudio denominado “Seguridad y Justicia Penal en los Estados”.
Estadísticas del fuero federal subrayan que Guerrero es el estado con mayor incidencia al registrar 261 personas no localizadas y vistas por última vez en dicha entidad; en igual circunstancia le sigue Veracruz con 168, y Tamaulipas y Coahuila con 131 y 50, respectivamente.
En el fuero común, destacan 5 mil 622 personas no localizadas en Tamaulipas; 2 mil 925 en el Estado de México; 2 mil 252 en Nuevo León; mil 857 en Sinaloa y Chihuahua con mil 857 reportes.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), que integra los datos de personas “no localizadas” obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente, establece que a la fecha, a nivel federal, existen 941 personas registradas, y a nivel estatal 27 mil 215. Es decir, un total de 28 mil 156 personas desaparecidas y la cifra aumenta.
El documento, remitido a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Permanente, propone priorizar que los familiares de las víctimas y sus representantes tienen derecho a conocer, acceder y actuar en todas las fases del proceso penal y del mecanismo de búsqueda, de conformidad con lo establecido en la Constitución y el derecho internacional.
El punto de acuerdo subraya que las estadísticas reflejan problemas endémicos del sistema de procuración de justicia, cuyo resultado es la impunidad casi total, lo cual ha impedido paliar el problema de la desaparición de personas, en particular en la modalidad de desaparición forzada, generando rezago frente al incremento de la violencia y la delincuencia en los últimos años.
En la evaluación del problema de desaparición forzada de personas persiste una visión fragmentada, porque tanto el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas como la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se abocan a resolver casos en lo individual, sin contemplar el panorama en su conjunto.
Refiere la existencia de un mismo modus operandi, donde los cuerpos de seguridad pública municipales, estatales o federales y las instituciones de procuración de justicia, ya sea por acción o por omisión, son corresponsables.
Su colaboración con el crimen organizado o su indolencia sólo han acrecentado el problema, por lo que el Estado mexicano debe constituirse como un solo ente que impida la continuidad delictiva y enfrente el problema. La coordinación entre Federación, entidades, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México debe ser total, porque el problema no es menor, precisa.
Resalta que “la desaparición forzada de personas es la expresión más grave y difícil que el Estado mexicano afronta”, porque es un crimen de Lesa Humanidad imprescriptible que lastima a toda la sociedad, desarticula el tejido social y deja en estado de indefensión a las familias, advierte la propuesta.
Este problema cobró notoriedad a partir de los trágicos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa fueron atacados, privados de su libertad y posteriormente desaparecidos. Crimen en el que “participaron miembros de los cuerpos de seguridad, en colusión con el crimen organizado en la zona”, refiere el documento de los diputados de Morena.
Afirma que este delito se multiplica al descubrirse más fosas clandestinas en diferentes entidades, con una mínima identificación de cadáveres y entrega a sus familiares.
