Durante el evento que se desarrolló en el salón Heberto Castillo”, el legislador Jimeno Huanosta precisó ante los asistentes que una visión crítica en la elaboración de proyectos de ley, con una mesa interinstitucional, dará los últimos toques a ambas propuestas, de tal manera que lleguen consensuadas “por quienes aplican la ley y a quienes se las aplican”.
El diputado reconoció que el Estado mexicano y distintos entes gubernamentales no han sido capaces de garantizar plenamente los derechos de libertad de tránsito, de expresión y, “ya no digamos otros, que son, sin duda, más complicados de cumplir”.
Acompañado del subsecretario del gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, académicos de la UNAM y representantes de organizaciones civiles, como “Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social y Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, el legislador reconoció que hay una severa crisis en la protección de los derechos humanos.
En ese sentido, García Ochoa, precisó que anualmente se manifiestan en las calles unas 13 millones de personas, pero con decisiones legislativa “podemos dar pasos importantes, impulso a protocolos de actuación, no sólo para la policía capitalina, sino también para el mismo personal del gobierno capitalino e interactuar con los manifestantes y con los medios de comunicación”.
Una ruta es la amnistía, que nos lleva a resolver casos concretos; otra, corregir de fondo y eliminar los tipos penales. También, agregó, fortalecer y mejorar la actuación de las policías, los ministerios públicos en investigación, acreditación y consignaciones, además de políticas públicas, recursos para capacitación y fortalecimiento de los órganos internos de control, especificó el funcionario.
Aplicar esos protocolos, precisó, permitirá tener recursos presupuestales para las víctimas de delito, fortalecer la confianza en las instituciones y establecer diálogo, así como una solución pacífica con la sociedad.
Sin embargo, Eduardo Tepalt Alarcón, catedrático de la UNAM, consideró que más allá de aplicar protocolos, es dejar de castigar a quienes no están de acuerdo con nuestras ideas y buscar alternativas de diálogo con quienes se manifiestan públicamente.
Mientras que Francisco Estrada, abogado de víctimas de violaciones a derechos humanos, coincidió con Tepalt y precisó: “necesitamos volver a ser una ciudad de libertades y recuperar la confianza de salir a la calle sin miedo a expresar nuestras ideas”.
En tanto, que Miguel Moguel, integrante de “Fundar” coincidió para exigir ante el legislador y el funcionario que el reto es revisar los tipos penales para evitar la criminalización de la protesta social.
En respuesta, Jimeno Huanosta, del partido Humanista en la ALDF, manifestó su compromiso para que desde el órgano legislativo y la misma Comisión de Derechos Humanos, haya el compromiso de contribuir a una solución integral al tema.
