El presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, diputado Jesús Valencia Guzmán, subrayó que en el país y en la ciudad existen carencias importantes, que lamentablemente obligan a los menores a trabajar y correr el riesgo de abandonar los estudios y vincularse a las adicciones o con la delincuencia.
Estimó que la Constitución de la Ciudad de México debe marcar claramente la prohibición del abuso o explotación laboral infantil y sancionar severamente a quien los emplee o abuse de ellos. Asimismo, que en la primera parte del articulado se establezca su derecho a ser escuchados y tomados en cuenta.
Explicó que con este foro se busca que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean plasmados en esta Constitución y refirió que diversas normas marcan claramente las limitaciones del trabajo infantil.
En la Constitución de la Ciudad de México se podría incorporar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la primera parte del articulado donde se hable de los derechos humanos, “derechos que esta ciudad hemos ganado y, no necesariamente, estar consagrados en la Constitución Política. Esto no quiere decir que se contrapongan sino que son adicionales”.
Valencia Guzmán reiteró que “las políticas públicas serán eficientes, cuando los funcionarios logren pensar un momento como niños, ya que de esta manera se logrará entender mejor las necesidades de los menores”.
Por su parte, la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, Cecilia Soto González (PRD), afirmó que la Constitución de la Ciudad de México deberá contener directrices que permitan erradicar el trabajo infantil.
Indicó que se debe garantizar que a los niños se les respeten sus derechos a la educación, recreación y contar con una buena salud; es por ello que la redacción de la Constitución tendrá que ser clara, a fin de que las leyes secundarias que se deriven no puedan pasar por alto el interés superior de la niñez.
“Hoy tenemos la oportunidad de crear una mejor generación de ciudadanos libres, creativos y felices”.
El subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Ignacio Rubí Salazar, enfatizó que a pesar de que ha habido una reducción del trabajo infantil en México, el tamaño del mismo todavía es espeluznante, y de acuerdo con el último dato oficial hay 2 millones 500 mil niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil.
Resaltó que desafortunadamente esta práctica es un problema social ligado a la pobreza, lo que significa que en muchos casos el hecho de que los menores estén involucrados en una actividad productiva, obedece a una necesidad económica o para complementar el ingreso de la familia.
No obstante, añadió, el trabajo infantil no resuelve el problema económico de la familia, en la mayoría uno de sus derechos resulta afectado y sus niveles de conocimientos, habilidades y destreza son bajos, lo que implicará que sus perspectivas de desarrollo personal sean modestas. “Este es el elemento de fondo que contribuye a la reproducción del círculo de la pobreza”.
Estimó que la prevención y erradicación del trabajo infantil debe estar acompañada de acciones determinadas y señaladas como obligatorias en el ámbito local de gobierno; disposiciones jurídicas para que los menores que hayan abandonado el sistema educativo lo retomen, así como proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida.
Mario Julio Córdova Motte, director general de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México, refirió que el 5 por ciento de niñas, niños y adolescentes capitalinos, es decir, 2 millones 100 mil realizan actividades económicas, que atentan contra su educación y, sobre todo, a su salud y sano crecimiento.
“Es una obligación del gobierno capitalino la protección especial de menores de cero a 14 años contra la explotación laboral y su incorporación al trabajo. Eso no debe permitirse y debe consagrarse en la Constitución, además de considerarlos como un grupo vulnerable, prioritario de atender. Urgió a “implementar políticas públicas para eliminar el trabajo infantil”, incluidos los menores migrantes.
Al respecto, un estudio realizado por el Inegi en la capital del país en 2013, que evalúo a menores de entre cinco a 17 años de edad, reveló que el 3.1 por ciento de esa población no asiste a la escuela, es decir, a un millón 300 mil se les violenta su derecho a la educación.
En adolescentes de entre 15 y 17 años, el 72.5 por ciento trabaja, y “hay evidencia que la gran mayoría de jóvenes que laboran no lo realizan en las condiciones de protección que la Ley Federal del Trabajo estipula”. Señaló la “invisibilización” del trabajo doméstico de las niñas, concebido como aquello que le corresponde a la mujer por el simple hecho de serlo.
De la Junta local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Pablo Franco Hernández, consideró que la erradicación del trabajo infantil pasa por la eliminación del trabajo precario. Estimó que la Constitución debe tener un apartado laboral con proyección hacia una ley reglamentaria que tienda a erradicar esta situación.
La Constitución de la Ciudad de México, dijo, debe asumir los derechos humanos laborales para los habitantes y promover el trabajo decente con todas las prestaciones de ley, derechos políticos y sociales que le corresponden al trabajador.
Además, esos derechos laborales tienen que ser reconocidos como derechos humanos y la erradicación del trabajo infantil, reconocida como una obligación de los gobiernos.
Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora general de Ririki Intervención Social, señaló que la Constitución debe establecer que el respeto al descanso y la educación de los infantes es primordial para erradicar el trabajo infantil.
En este sentido, propuso implementar mecanismos que permitan que las cabezas de familia posean un trabajo digno y bien remunerado; fortalecer este ámbito evitará que los menores trabajen y dejen sus estudios.
Subrayó que se debe terminar con la premisa de que el trabajo infantil termina con la delincuencia, pues de acuerdo con un estudio realizado en el año 2015 en centros de reclusión de menores, 94 por ciento de adolescentes que están por haber cometido delitos graves fueron sujetos a trabajo infantil y de estos una cuarta parte empezó a laborar antes de los 12 años, como vendedores de chicles, o de ayudantes en supermercados.
