La legisladora por Acción Nacional lamentó que una visión “añeja y partidista” se haya opuesto a la dictaminación de las legislaciones pendientes en la materia bajo pretexto de inconsistencias técnicas que sólo expresan una falta de compromiso frente a la posibilidad de avanzar hacia a una nueva política de Estado que permita combatir con más elementos el cáncer de la corrupción.
Recordó que México está comprometido a nivel internacional, bajo los esquemas de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNCC), a impulsar políticas regionales e internas que permitan prevenir y sancionar la corrupción a través de elementos que garanticen eficiencia en la gestión de los recursos públicos, la existencia de autoridades centrales con autonomía que castiguen los actos de corrupción y sistemas de control que establezcan la declaración de bienes patrimoniales y eviten los conflictos de intereses al interior de la Administración Pública, entre otros.
Por ello resaltó que la figura de un Fiscal Anticorrupción Autónomo y la iniciativa Ley3de3 que complementa la Ley General de Responsabilidades Administrativas, temas a los que se han opuesto el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara alta, tienen incidencia plena en la construcción un sistema integral como el SNA.
La Diputada Arlette Muñoz, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, recordó además que en la VII Cumbre de las Américas, que tuvo lugar el año pasado en Panamá, nuestro país ratificó su compromiso de combatir este flagelo bajo los principios de gobiernos más abiertos y cercanos a la sociedad.
Añadió que estos esquemas y espacios de cooperación internacional han sido establecidos para guiar las reformas jurídicas al interior de los países firmantes, bajo modelos que contemplen el fomento de los comités de participación y vigilancia ciudadana, la profesionalización del sector público, la responsabilidad del sector privado en las operaciones con los gobiernos y la apertura total de la información pública de cara a la sociedad.
Reprochó por ello que intereses de partido estén dilatando la aprobación de las siete leyes secundarias que completan el Sistema Nacional Anticorrupción, sin evaluar a consciencia que esta problemática es hoy en día la principal causa del deterioro de las instituciones del país y un elemento determinante en el crecimiento de la desigualdad al interior debido al desvío de recursos clave, de acuerdo al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Por lo anterior, la Diputada Arlette Muñoz hizo un exhorto para que la Comisión Permanente abra un periodo extraordinario para poner sobre la mesa la dictaminación de las leyes pendientes en la materia, para que se cumpla con el mandato constitucional que establece el 28 de mayo como fecha límite para expedir el paquete legislativo que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Pidió a quienes postergan el tema bajo pretextos de visión de partido o de calendario electoral, honrar el compromiso que tienen como servidores públicos y respetar los acuerdos a nivel internacional frente a los cuales México se ha comprometido a desarrollar un esquema integral y regional de combate a la corrupción, siguiendo el ejemplo de naciones latinoamericanas como Brasil, Argentina y Nicaragua.
