El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Morena dijo que, por el contrario, dicho Instituto debería establecer un diálogo permanente y respetuoso con las comunidades y pueblos indígenas, para el otorgamiento de concesiones de uso social.
“Es claro que la criminalización de las comunidades indígenas, a través de la campaña ‘Se busca por robo’, no ayudará a cumplir la finalidad última de la legislación en relación con las radios comunitarias, que consiste en garantizar el derecho de los pueblos al acceso a los medios de comunicación”, reclamó el diputado de Morena.
También hizo un llamado al IFT para que responda públicamente a un comunicado publicado por las radios comunitarias e indígenas, organizaciones de la sociedad civil, académicos y periodistas, el pasado 4 de abril en diversos medios electrónicos.
En dicho comunicado, precisó, los firmantes declararon que la campaña emprendida por el IFT contiene información falsa que alienta la violación de los derechos humanos de aquellos que participan en las radios de uso social, en particular las indígenas y comunitarias. Además, atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión e información de los ciudadanos, subrayó.
Caballero Pedraza recalcó que presentó en días pasados un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, para que ésta exhorte al Instituto Federal de Telecomunicaciones a retirar la campaña “Se busca por robo. Transmitir desde una estación de radio sin concesión es un delito” y el promocional “Estaciones sin concesión”, que difunde en prensa escrita, radio, internet y perifoneo.
“Resulta evidente el actuar del IFT que mediante esta campaña emprendida en prensa escrita y spots estigmatiza a poblaciones y comunidades indígenas, además de que anula y limita sus derechos y libertades fundamentales, como su acceso a las oportunidades relevantes de su contexto social, al legitimar la criminalización de las radios comunitarias, por medio de una campaña publicitaria”, puntualizó.
En ese sentido, aseveró que pese a los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas –entre ellos su derecho constitucional al acceso y operación de sus propios medios de comunicación–, el valor que las instituciones le otorgan a éstas para que cuenten con una concesión de radiodifusión se contradice con la campaña emprendida por el IFT en contra de las radios comunitarias, la cual aparentemente concluirá hasta el 6 de junio, un día después de las elecciones en diversos estados y la Ciudad de México.
Caballero Pedraza dijo que el IFT resultó rebasado por las demandas de los concesionarios de uso comercial y las llamadas radios independientes, al mismo tiempo que es evidente su incapacidad para establecer vínculos con las poblaciones indígenas y comunitarias, anulando así su derecho a contar con estaciones de radio para uso social.
Al respecto, destacó que recientemente el IFT autorizó a 23 permisionarios la transición al régimen de concesión para uso social, de los cuales solo una fue otorgada a una radio comunitaria indígena.
El también Secretario de la Comisión de Radio y Televisión explicó que las radios indígenas se han convertido en un instrumento de comunicación para la difusión de la lengua, cultura y los avisos de la comunidad, pero también en una estrategia de supervivencia y oposición a la discriminación.Resaltó que como resultado de dicha campaña, se han incautado equipos de transmisión a las radios comunitarias e indígenas, lo cual viola el Artículo 7 Constitucional, en el que se advierte que “en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito”.
