La integrante del Grupo Parlamentario de Morena explicó que la idea es incluir en la Constitución Mexicana el derecho al Ingreso Ciudadano Universal, que permita disminuir la enorme diferencia económica y social entre quienes nacen en la pobreza y aquellos viven con grandes recursos.
“La propuesta de incorporar en nuestra legislación el derecho al Ingreso Ciudadano Universal no sólo busca garantizar –mediante un mecanismo institucional– a los mexicanos la existencia material básica, sino también lograr la estabilidad macroeconómica, garantizando el consumo y sosteniendo la demanda, aun en tiempos de crisis”, puntualizó.
Al respecto, dio a conocer que para hacer posible el derecho al Ingreso Ciudadano Universal, ella y la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, su compañera de bancada, presentaron una iniciativa de reformas a los Artículos 4 y 73 de la Constitución Mexicana.
De tal forma, precisó, que toda persona –desde su nacimiento– tiene derecho a un ingreso ciudadano universal y será el Estado el que garantizará su cumplimiento a través de transferencias monetarias, que le permitan cubrir como mínimo el costo de una alimentación balanceada y digna.
En ese sentido, recalcó que la situación crítica que enfrentan las personas para obtener un trabajo estable y bien renumerado y el alarmante incremento de la pobreza en todo el país, son apenas dos ejemplos de que la política económica y social del Gobierno de Peña Nieto es insuficiente para resolver los problemas de desempleo, subempleo, pobreza, marginación y el lento crecimiento de la economía.
“El Ingreso Ciudadano Universal también contribuirá a evitar la ampliación de las brechas de desigualdad socioeconómica, y permitirá el acceso a los mercados de trabajo, puesto que será motor para promover la inversión productiva, a través del desarrollo de las competencias de los individuos y la capacidad productiva de las personas”, aseguró la legisladora capitalina.
La también Secretaria de la Comisión de Desarrollo Social, dijo que el Ingreso Ciudadano además estimulará los mercados de bienes y servicios de producción local. Esto, agregó, ayudará a revertir las bajísimas tasas de crecimiento económico de México y a terminar con un modelo excluyente.
Araceli Damián aseguró que han pasado tres décadas de ajuste estructural neoliberal, lo que ha significado un retroceso sistemático en las instituciones que deberían brindar bienestar social. En esos 30 años, agregó, progresivamente los gobiernos a cargo del PRI y PAN han dejado en el abandono la aspiración a la justicia e igualdad social que reclaman millones de mexicanos.
“En ese proceso se dejó hablar de la redistribución del ingreso y se construyó un nuevo discurso oficial de alivio a la pobreza extrema. Tres décadas en donde ni la extrema riqueza, ni la profunda desigualdad fueron vistas como problemas sociales, sino solo como una consecuencia natural de la inserción de México en el mercado mundial”, reclamó.
La diputada de Morena resaltó que de acuerdo con especialistas económicos, la desigual en la distribución del ingreso, como principal causa de la pobreza, puede ser corregida mediante una política de redistribución emprendida desde el Estado, que tenga como base al Ingreso Ciudadano.
Se trata, indicó, de un ingreso monetario pagado por el Estado a los mexicanos, desde que nacen, sin que exista ninguna condición para limitar su otorgamiento, garantizándolo como un derecho universal e integrado en un sistema tributario progresivo, como base para la reorganización estructural de las políticas públicas.
