Qué le cuesta a los encargados de procurar e impartir justicia reconocer los hierros, las malas intenciones, las perversidades de muchos hombres y mujeres de la clase política gobernante. Diría muy bien de ellos que la gente del pueblo escuchara un mea culpa por cientos de miles de desapariciones forzadas, ejecuciones, asesinatos, práctica de tortura o la desaparición y muerte de los 45 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014. No que el proceso, desde su inicio, está plagado de puras mentiras, como queriendo ocultar el sol un dedo.
Y de ribete, las autoridades se enojan con el ombudsman americano, el mexicano Emilio Álvarez Icaza Longoria¸ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, de la cual el gobierno mexicano es miembro, porque descubre verdades que afectan el interés o los intereses mezquinos de funcionarios acostumbrados a violar consuetudinariamente los derechos humanos. Que la desaparición de los 43 fue un crimen de estado eso lo tenía yo comprobado desde el principio. No en balde el periodista acumula experiencias. Estaba seguro de que la policía o las fuerzas de seguridad del estado habían secuestrado a los estudiantes.
Los descubrimientos de la Comisión Interdisciplinaria de Expertos Independientes de la OEA sólo vinieron a corroborar lo que muchos periodistas pensábamos y estábamos seguros que había ocurrido aquella fatídica noche entre Iguala, Cocula y puntos intermedios en el estado de Guerrero. Todo el proceso penal inicial, encabezado por Jesús Murillo Karam, fue una farsa, una gran mentira que nadie creyó. Ni el propio Karam. Ni el propio presidente.
Ahora sabemos que en la Procuraduría General de la República (PGR) se registran diferencias y contradicciones por el manejo de la investigación para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014, según revela el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el reporte, los desencuentros son entre las subprocuradurías de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDH), a cargo de Eber Omar Betanzos Torres, y la Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de Gustavo Salas Chávez. Las diferencias entre ambas subprocuradurías comenzaron a partir de diciembre de 2015, sólo dos meses después de que la titular de la PGR, Arely Gómez González, creara la Oficina para la Investigación del Caso Iguala. El titular de SEIDO, Salas Chávez, llevaba tres meses en su cargo. En el capítulo “Limitaciones para el Desarrollo de la Segunda Fase de Investigación”, se explica que, pese a la creación de la Oficina para la Investigación del Caso Iguala, “hay intromisiones” de funcionarios de la SEIDO que fueron desplazados de las indagatorias, provocando contradicciones en el reparto de las diligencias que corresponden a cada subprocuraduría.
La unidad especializada de la PGR para avanzar en las pesquisas buscaba dotar de independencia al Ministerio Público encargado del caso, con el propósito de que “no estuviera comprometido” con las conclusiones que presentó el ex procurador Jesús Murillo Karam, ni con la “verdad histórica”. La “nueva mirada” que Eber Omar Betanzos pretendía imponer a las indagatorias pronto se encontró con la reticencia de los antiguos investigadores, por lo que comenzaron las “intromisiones” de la SEIDO en las áreas de investigación que le correspondían a la Oficina del Caso Iguala. “En noviembre de 2015 se creó esta nueva unidad. Durante los dos primeros meses, mientras el nuevo equipo se imponía en la investigación, se adelantaron algunas diligencias. Sin embargo, fue a finales de diciembre cuando comenzaron a ocurrir intromisiones de la unidad desplazada de la SEIDO y esto generó una contradicción de base en el cambio de reparto de las diligencias”, advierte el documento.
El informe del GIEI documenta las contradicciones con una diligencia realizada en un inmueble perteneciente a Gildardo López Astudillo El Gil, misma que se realizó en dos momentos: la primera parte, el 17 de noviembre de 2015, cuando los expertos de la CIDH fueron avisados de la existencia de dicho lugar ubicado en la comunidad de Pueblo Viejo en la zona rural de Iguala. En esa ocasión, el GIEI no tuvo problemas para ingresar al inmueble que era utilizado como punto de encuentro entre integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, pero la inspección fue realizada por la PGR. El 15 de diciembre de 2015, los integrantes del GIEI solicitaron regresar al inmueble en compañía de dos ministerios públicos adscritos a la Oficina de Investigación Especial del Caso Iguala, creada dos meses atrás con el fin de ahondar en las indagatorias. Pretendían georreferenciar de forma precisa el domicilio del que se extrajeron diversas evidencias y hacer una nueva búsqueda de indicios, por lo que ese día iniciaron los trámites para efectuar la visita, pero personal de la SEIDO les negó el acceso bajo el argumento de que el predio se encontraba bajo su custodia.
“El 23 de diciembre de 2015, un funcionario de la Subprocuraduría de Derechos Humanos se comunicó vía telefónica con el GIEI para informar que había existido un diferendo entre personal de la SEIDO y la Subprocuraduría de Derechos Humanos en Iguala. Gente de la SEIDO adujo que esa propiedad estaba bajo su custodia, por lo que la nueva unidad no podía practicar diligencias”, detalla el informe. Para realizar la diligencia, los expertos del GIEI se comunicaron directamente “con la más alta autoridad de la PGR” para lograr que la SEIDO les diera acceso al inmueble, con el fin de realizar las búsquedas y la georreferenciación exacta del predio entre los días 25 al 27 de diciembre. Para el GIEI se trató de una intromisión inexplicable de la SEIDO, puesto que en un acta circunstanciada con fecha del 25 de diciembre de 2015, se señala que el inmueble estaba a disposición de la Oficina del Caso Iguala adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos desde el 4 de noviembre de 2015. Además, cuando finalmente realizaron la inspección encontraron en el lugar teléfonos celulares, chips y documentos relacionados con las actividades de El Gil, lo que a juicio de los peritos de la CIDH demostró que la PGR no hizo bien su trabajo. “Esta situación evidencia que la inspección anterior había dejado de procesar importante evidencia. El GIEI, a través de su oficio GIEI/PGR/111 de fecha 27 de diciembre de 2015, pidió que se realizaran diversas gestiones para investigar y realizar los análisis pertinentes a los objetos encontrados en el predio”, detalla el informe. “Las peticiones vertidas en el escrito se han cumplido parcialmente. Los días 15 y 16 de febrero de 2016 se realizó una nueva búsqueda en los patios de la propiedad, utilizándose el georradar y retroexcavadora sin realizar nuevos hallazgos”, dice
Ante todo este sangoloteo, Estados Unidos felicitó al grupo de expertos de la CIDH que investigó durante un año la desaparición de los 43 estudiantes y pidió a México seguir avanzando para asegurar que los responsables de ese crimen respondan ante la justicia. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, reaccionó al fin de la asistencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar en la investigación del caso, en medio de tensiones con el gobierno de México.
“Felicitamos a la Comisión y a los expertos por su trabajo, que fue solicitado por el gobierno mexicano, y por la asistencia que ha proporcionado a México y a los familiares de las víctimas en su trabajo para resolver este trágico caso”, indicó Kirby en un comunicado. “Confiamos en que las autoridades mexicanas considerarán cuidadosamente las recomendaciones del informe, evaluarán las acciones sugeridas para afrontar el problema de las desapariciones forzadas, proporcionarán apoyo a las familias de las víctimas y seguirán con sus esfuerzos para traer a la justicia a los responsables de este crimen”, agregó. Por su parte, la congresista demócrata por California Norma Torres aseguró que el gobierno mexicano debe dar “un paso adelante” sobre el caso y consideró que el informe final de los expertos “indica que el gobierno hizo exactamente lo contrario” para hallar la verdad sobre lo ocurrido. Torres también cree que el informe “plantea serias dudas” en cuanto a su compromiso con “la justicia y el Estado de derecho”. El representante demócrata por Illinois Luis Gutiérrez también opinó sobre el caso y señaló que “la corrupción y la violencia de esta magnitud en cualquier lugar pone en peligro los derechos humanos en todas partes”. Gutiérrez enfatizó que “es del interés de México y de Estados Unidos que haya la máxima transparencia y un examen completo y exhaustivo de los hechos”. El grupo de expertos de la CIDH cerró el domingo su asistencia con un informe final sobre la investigación y enfrentó al gobierno, al que criticó por obstaculizar su trabajo. El informe final reveló fallas en las pesquisas y alertó sobre la creación de una nueva versión oficial basada en testimonios de detenidos torturados y un nuevo estudio de fuego que consideran un despropósito. Los expertos lamentaron no haber podido entrevistar a los militares del 27 Batallón, con sede en Iguala, de quienes no obtuvieron ni documentos por escrito. “Cuando llegamos a México hace un año y un mes se abría una oportunidad” para lograr la verdad, pero “hoy estamos sin responder la pregunta que nos hicimos todas las noches durante ese año y un mes, y que se hacen todos los padres”, dijo el domingo la guatemalteca Claudia Paz. La PGR aseguró que ha brindado a los expertos “acceso pleno a la información para el desarrollo de su labor” y negó evidencias de participación de militares en la desaparición de los 43 jóvenes.
Los presidentes del Congreso de la Unión urgieron a la PGR a dar una respuesta puntal al último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la investigación que realizó en torno a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, debido a que las conclusiones de los expertos internacionales son de “enorme preocupación”. El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano (PRD), dijo que el informe GIEI es de una enorme preocupación, porque señala que no se siguieron líneas de investigación en diversos acontecimientos: “En lo personal así lo valoro, porque nos regresa otra vez al punto de partida de hace 18 meses que inició sus actividades como un acuerdo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el gobierno de la República”. El legislador perredista dijo que la PGR debe explicar también cuál va a ser la verdad última sobre ese lamentable acontecimiento, porque “la verdad histórica” resultó ser una “verdadera falsedad, por lo menos en la percepción del grueso de la sociedad mexicana”. El presidente del Senado, Roberto Gil (PAN), coincidió con Zambrano Grijalva porque —dijo— el informe deja muchas incógnitas e interrogantes. “El informe obliga a una respuesta puntual por parte de las autoridades, sobre todo quienes han encabezado las investigaciones y, por supuesto, el informe puede ser la base para que autoridades puedan ejercer un conjunto de responsabilidades y mecanismos de control”. Aseguró que ese mecanismo de control lo pueden llevar las cámaras del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sin perjuicio de que se pueda solicitar en otro momento asistencia técnica internacional para reencausar las pesquisas.
“Por lo pronto, la PGR tiene que responder a lo que ha dicho el GIEI y dar una respuesta que sea satisfactoria para la sociedad”, expresó Gil Zuarth. El senador panista señaló que el informe del GIEI debe ser la base para que otras autoridades “estemos actuando, vigilantes y, sobre todo, dando seguimiento” al esclarecimiento del caso de los normalistas de Ayotzinapa.
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