Plantearon la urgencia de usar la información que genera la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como elemento a tomar en cuenta en la reasignación de recursos durante la discusión y aprobación, cada año, deL Presupuesto de Egresos de la Federación.
La diputada Cecilia Romero Castillo (PAN), secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pidió considerar la opinión de expertos en fiscalización, en virtud del análisis, discusión y, en su caso, aprobación de diversas leyes que se encuentran en la Cámara de Diputados, relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción.
“Hay iniciativas que tienen que ver con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente sobre la hasta hoy llamada Secretaría de la Función Pública, y también propuestas de diversos partidos respecto al tema de fiscalización, asunto para el que está facultada la Cámara de Diputados”,´expresó.
El diputado Vidal Llerenas Morales (Morena) afirmó que debe ser fiscalizado por la ASF, cualquier fideicomiso de participaciones que respalde una deuda pública estatal, así como cualquier instrumento de bursatilización, o derivados de la potenciación de activos que tenga que ver con recursos públicos federales.
Propuso que la Auditoría Superior entre directamente a fiscalizar a los estados con los órganos locales, para crear un sistema que lleve a la armonización de la norma de auditoría. “Queremos un país donde cualquier ente fiscalizador nos audite de la misma manera y bajo los mayores estándares”, subrayó.
Para negociar el Presupuesto de Egresos de la Federación, es necesario contar con un informe del auditor sobre el año anterior. “Es decir, vamos a discutir el PEF 2017 y conoceremos la Cuenta Pública de 2016, pero sólo tenemos el informe de fiscalización de 2015”.
Planteó que se evaluar la pertinencia y rentabilidad social de la obra pública, “así como evaluamos programas, y no sólo en términos de la norma, para tener un aprendizaje del tema de obra donde tenemos problemas”.
El diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) se pronunció en el mismo sentido, ya que la obra pública se financia con capitales privados “y dicen que no afectarán el capital público, pero realmente lo afectan y comprometen, pues esos compromisos los convierten en deuda pública”.
En el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, explicó, se asignaron 169 mil millones de pesos en septiembre de 2014, pero actualmente no se sabe el monto real de los próximos años, pues “hay solicitudes de préstamos en bancos extranjeros y se desconocen los términos en que se negoció y qué se comprometió, por la desvinculación entre la deuda y su fiscalización”.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, secretaria de la misma Comisión, señaló que el sistema anticorrupción va más allá de una reunión anual o de un informe. “La transparencia es una parte, pero no el fin. Podemos ser transparentes, pero no quiere decir que no se haga mal uso del recurso”.
Los resultados de la Auditoría se tienen dos años después del ejercicio presupuestal, y cada vez hay menos funcionarios sancionados por hacer mal uso del recurso público; además, hay recursos asignados a los diputados que no son fiscalizables, lo cual es malísimo para el sistema de rendición de cuentas, “y los diputados deberíamos ser los primeros en decir que no es correcto”.
El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (PAN) explicó que debe hacerse obligatoria la fiscalización de las participaciones federales destinadas para los estados, en forma coordinada con las autoridades locales. “Con este esquema se busca que el 90 por ciento de los recursos sea fiscalizado”.
Sugirió establecer un mecanismo para la comparecencia de servidores públicos acusados de la desviación de recursos públicos por parte de la ASF. “Debemos dar facultades de investigación a la ASF la cual es el centro del Sistema Nacional Anticorrupción”.
Del PRD, Maricela Contreras Julián se manifestó por precisar las facultades de la ASF como coadyuvante de las investigaciones con otras instancias para evitar la impunidad; además, agregó, hace falta profundizar en el procedimiento para la fiscalización de partidas federales y las cuales, según declaraciones de la auditoría, son mal usadas.
“Debe detallarse la colaboración con órganos fiscalizadores locales para optimizar los recursos asignados para las auditorías, ya que el 80 por ciento del presupuesto de la ASF se destina para estados y sólo 20 por ciento para las del ámbito federal.
El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del PRI, dijo que los tiempos actuales obligan a la modernización del marco jurídico para que esté acorde a las reformas de años recientes. “Se requiere de una visón ética de compromiso con el pensamiento de que el esquema debe ser integral y armonizado con las diversas legislaciones”.
Propuso conformar un grupo de trabajo para “allanar el camino” y no centrar los debates sólo en las comisiones, así como pedir la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
De Morena, el diputado Juan Romero Tenorio aseguró que las leyes actuales tienen grandes omisiones y establecen mecanismos de exclusión de la transparencia, además que dan pautas para omitir responsabilidades a partir de la clasificación de información, en el caso de la confidencial y reservada.
“Esto justifica la falta de claridad en la información, lo cual el Estado debe respetarlo, lo que permite la elusión en materia de transparencia”, apuntó.
La diputada Minerva Hernández Ramos (PAN) aclaró que los planteamientos de los expertos se han retomado en el predictamen de ley, además de que la Jucopo ya mandató el establecimiento de una mesa de trabajo.
En su ponencia, el investigador del Tecnológico de Monterrey, Marco Fernández, propuso crear una serie de indicadores que hablen sobre la salud de las finanzas públicas, que la información que genera la ASF sea de verdadera utilidad en las discusiones presupuestales, ya que “se genera mucha información que no es aprovechada para establecer reasignaciones y lograr una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos”.
Celebró que en el pre-dictamen de ley se haga énfasis en el nombramiento del titular de la ASF y los cambios propuestos para la asignación del titular de Evaluación y Control, órgano técnico de la Comisión de Vigilancia. “El poder lograr más apertura al proceso de nombramientos es una sana práctica democrática”.
Enrique Díaz Infante, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), advirtió que la Deuda Pública del país está en alrededor del 50 por ciento del PIB, además de que ha crecido 10 puntos porcentuales de 2012 a la fecha. “Muchos proyectos de inversión de los estados no están debidamente sustentados, por lo que la Federación tiene que entrar en garantía”.
“Muchas veces los genios financieros que asesoran a los estados en las leyes de deuda pública estatal, señalan que no deben definirse como deuda los proyectos de inversión en infraestructura y el contrato de servicios para mantenimiento”, cuestionó.
El especialista de Fundar –Centro de Análisis e Investigación-, Óscar Arredondo Pico, sugirió fortalecer los esquemas de denuncia ciudadana, brindándoles protección para que sea de forma inmediata, clara y autónoma. El Estado debe promover que la ciudadanía denuncie actos de corrupción que atestigüe.
“Se necesitan hacer auditorías sociales en diferentes momentos, en los que estén armonizados los trabajos entre la auditoría federal, la local y organizaciones civiles; debe existir la reparación de daño a población afectada por actos de corrupción”, consideró.
El director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirmó que el reto del país no es transparentar “sino deshacernos del eufemismo de que transparencia es igual a honestidad. Posibilita la rendición de cuentas, facilita ejercicio de un derecho, pero no resuelve los problemas”.
Durante su participación, planteó que los órganos internos y externos deben tener relación con la Auditoría Superior de la Federación, Congresos locales y sus comisiones de Presupuesto y de Hacienda. Actualmente, refirió, no hay una línea al Congreso, es una omisión grave, pues se debe saber exactamente lo que ocurre una vez que se produce el informe de la Auditoría Superior de la Federación.
“En una sociedad desconfiada, traicionada, ya muy dolida, muy amargada en estos temas, tenemos que dar la seguridad de que no hay un peso suyo que no se gaste apropiadamente” y hallar una redacción, independientemente de que sea una ley general o federal, para que no haya un solo peso fiscal que no sea fiscalizado.
“Eso es lo que se debe asegurar en la ley que discuten, y que los recursos federales, participaciones, cumplan un principio claro: no hay lugar dónde esconder el dinero del conocimiento de la opinión pública y de los mecanismos de fiscalización”, enfatizó.
