Al avalar por unanimidad modificaciones a los artículos 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, también se incluyó homologar los criterios de medición para los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera por fuentes, áreas, zonas o regiones, con el propósito de que no rebasen la capacidad de asimilación de las cuencas atmosféricas.
La diputada del PRI, Mitzi Barrientos Cano, destacó que por las circunstancias económicas que atraviesan los tres órdenes de gobierno y la atención a las prioridades, la sustitución vehicular debe ser paulatina, a través de esquemas de coinversión para generar energía eléctrica de fuentes renovables y fortalecer la política que mejore la competitividad económica regional.
La comisión admitió por unanimidad otro dictamen que reforma el artículo 49 de la Ley General de Cambio Climático, presentada por el diputado del PRI, Tomás Montoya Díaz, para que la Secretaría de Educación Pública encabece el grupo de trabajo que promueva la enseñanza en materia de medio ambiente y cambio climático, con el propósito de construir una de las principales estrategias frente a la adaptación y mitigación de este fenómeno.
Además, impulsar los esfuerzos encaminados a la inclusión de conocimientos y valores sobre este fenómeno en el contenido de los materiales educativos.
La diputada de Morena, Patricia Aceves Pastrana, resaltó la importancia de incluir en la educación actividades prácticas sobre el cuidado del medio ambiente, a fin de que los niños aprendan a respetar el entorno en que viven y “no se quede sólo en el discurso las propuestas”.
El dictamen para reformar el artículo 47 de la Ley General de Cambio Climático, planteada por el diputado Braulio Guerra Urbiola (PRI), fue avalado también por unanimidad, para que dentro de las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en la que participa la Secretaría de Relaciones Exteriores, se impulsen convenios multilaterales.
Se busca que “el gobierno de la República promueva acuerdos internacionales para que se declare al medio ambiente y la coexistencia global de todas las formas de vida como un bien jurídico tutelado por el derecho internacional”.
Asimismo, para que en la formulación de la política nacional de cambio climático se observe la generación de acuerdos de colaboración mundial, que promuevan un nuevo concepto del planeta en el marco jurídico global, a fin de lograr el desarrollo sostenible, minimizar la degradación ambiental y las acciones que la provoquen.
En las consideraciones, se destaca que en la lucha contra el cambio climático se requiere una visión integral que rebasa a los países, por lo que en las acciones que atenten contra el medio ambiente y desencadenen ese fenómeno, se pueda sancionar a personas físicas o jurídicas.
La instancia legislativa aceptó también la propuesta con punto de acuerdo de la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, para exhortar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático a difundir los avances en la integración del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático. Es una asignatura pendiente que no ha recibido del gobierno federal la atención que merece, afirmó.
Este atlas tiene por objetivo ser un conjunto estructurado y sistemático de mapas que muestren la vulnerabilidad territorial ante el cambio climático, y orienten la implementación de estrategias en el proceso de adaptación, además de ser un insumo para la toma de decisiones en la planeación del desarrollo.
Refirió que, desde 2015, debió establecerse un sistema de consulta por Internet del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, ya que México es particularmente inerme a los efectos adversos de este fenómeno, por lo cual urge que la sociedad se adapte a las condiciones cambiantes del clima.
La comisión admitió la minuta enviada por el Senado que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, para que los tres órdenes de gobierno establezcan acciones para adaptar sus políticas a la Estrategia Nacional de Cambio Climático sobre el desplazamiento interno de personas, provocado por el impacto de ese fenómeno.
El país es altamente vulnerable por su posición geográfica, ya que la Estrategia Nacional de Cambio Climático diagnostica que mil 385 municipios y 27 millones de personas se encuentran en riesgo ante los desastres naturales de origen climático, los cuales serán cada vez más severos, explicó.
