Dijo que más preocupante aún es que ésta sea una práctica común en más de una dependencia de la capital del país, ya que estas instancias celebran cada año, por lo menos desde 2013, convenios de millones de pesos anuales con empresas que subcontratan principalmente a mujeres para el servicio de intendencia en inmuebles de la Administración Pública.
Anunció que en la próxima sesión ordinaria en la ALDF, presentará un punto de acuerdo para solicitar a Amalia García Medina, secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, un informe sobre las medidas que se han instrumentado respecto a la subcontratación de personal en las dependencias públicas del Gobierno de la Ciudad de México, así como el número de contratos y personas que laboran bajo este esquema; igualmente a Salomón Chertorivski Woldenberg, secretario de Desarrollo Económico, un reporte de los beneficios y perjuicios que genera en la actividad económica la subcontratación.
Explicó que la subcontratación, terciarización o también llamada “outsourcing”, es el proceso económico empresarial en el que una sociedad mercantil o administrativa transfiere los recursos y responsabilidades referentes al cumplimiento de ciertas tareas a una sociedad externa, empresa de gestión o subcontratista, que precisamente se dedica a la prestación de diferentes servicios especializados.
López Campa reveló que hasta 2014, en la Ciudad de México se contabilizaban 295 mil 180 mujeres que trabajan principalmente en “servicios de apoyo” en el que se integran los servicios de limpieza de inmuebles. Todas ellas concentradas en poco más de 10 mil empresas pequeñas y grandes.
“Ha aumentado el número de capitalinas empleadas, principalmente, para realizar servicios de limpieza que carecen de contrato escrito, por lo que se dan despidos injustificados que conllevan a la precarización del trabajo femenino y a abusos laborales”.
Lamentó que el factor humano en todos los casos sea el mismo, es decir, el menosprecio de los derechos laborales de los trabajadores que carecen de acceso a programas de seguridad social, de capacitación, no reciben vacaciones, pagos de aguinaldo, horas extras, ni utilidades.
Asimismo, recordó que en 2014 la entonces secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, Patricia Mercado, declaró que terminar con la subcontratación en la administración pública capitalina era una prioridad, sin embargo, hasta ahora se continúa con la práctica, ya que se generan “supuestos beneficios” a quien contrata como son la reducción de gastos al transferir los riesgos derivados de las relaciones laborales, eliminación de la carga administrativa que implican las obligaciones laborales y de seguridad social que conlleva la contratación de personal.
Sostuvo que aunque el principio establecido por la Ley, referente a la irrenunciabilidad de derechos laborales está presente, éste ha sido insuficiente para detener dicha tendencia. Atribuyó este acontecimiento a una combinación de menor fiscalización y debilidad o ausencia de verdaderos sindicatos.
“Paralelamente, ha aumentado el número de trabajadores excluidos de la protección legal al crecer la informalidad en sus diversas manifestaciones. Esta situación los expone a actos de discriminación en el goce y ejercicio de sus derechos humanos laborales, así como abusos y riesgos que por mantener el empleo difícilmente reclamarán”, indicó.
Informó que de acuerdo con el Censo Económico de 2014, realizado por el INEGI, en la Ciudad de México, en el año 2003, el “outsourcing” estaba en 14.8%, para 2008 se disparó a 20.6% y en 2013 a 22.1%. En la ciudad se contabilizaron 295 mil 180 mujeres que trabajaban en los “servicios de apoyo”, rubro que integra a servicios de limpieza, “situación laboral que nos regresa un siglo cuando la fuerza del trabajo se regía por la norma mercantil y no como se pretende actualmente, como un derecho social”, manifestó.
Finalmente, remarcó que la CDHDF ya ha llamado a instituciones de Gobierno, empresas públicas y privadas a considerar esquemas de contratación laboral compatibles con la protección de los Derechos Humanos, a partir de la regulación de figuras como la subcontratación o el “outsourcing”, sin embargo hasta la fecha no se cuenta con datos oficiales que permitan conocer la verdadera situación social y económica que arrastra esta situación.
