Tras condenar la agresión contra los pobladores, incluidos niños y ancianos, de esa población a partir de la violenta e ilegal irrupción policiaca el pasado 11 de abril, el parlamentario perredista exigió a ambas administraciones acatar la ley y las resoluciones judiciales que ordenan cancelar dicho proyecto, pues resulta a todas luces inaceptable y condenable que la misma autoridad violente el orden legal.
Señaló que esta agresión, en abierto desacato al amparo otorgado por la justicia federal a autoridades y habitantes de la zona Otomí, es claramente un intento de despojo que no debe permitirse, pues sería la “punta de lanza” para la urbanización de las zonas boscosas ubicadas en Lerma, Huixquilucan y Ocoyoacac.
Consideró necesaria la intervención de la Cámara de Diputados, a cuyo Pleno presentó un Punto de Acuerdo en el que pide a la Secretaría de la Función Pública investigar el posible conflicto de interés entre la empresa Grupo Higa y el gobierno del Estado de México en la licitación de este proyecto, así como hacer públicos los procedimientos por los cuales fue seleccionado dicho contratista.
El exhorto lo hizo extensivo a la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.
A estas últimas pidió diagnosticar cómo ha impactado los ecosistemas de los Valles de México y Toluca, así como la zona serrana que las divide, la construcción y operación de dicha autopista.
“Sin lugar a dudas la deforestación inclemente de los bosques mexiquenses ha sido factor de que los niveles de contaminación en el Valle de México y en la capital del Edomex se hayan disparado en los últimos meses. Sin embargo el gobierno subestima los efectos que esta política ecocida tendrá en la salud de los ciudadanos”.
“Porque es claro que este proyecto y el que pasa por el Parque Nacional La Marquesa han dañado zonas de cultivo, manantiales y los bosques de los municipios de Ocoyoacac, Lerma y Huixquilucan, pero el impacto ambiental va más allá de estos territorios”, denunció.
El también dirigente del PRD en el Estado de México destacó que a pesar de las triquiñuelas legaloides del gobierno mexiquense y la abierta represión contra líderes opositores, el proyecto fue repetidamente rechazado por los pobladores, ante lo cual el ahora presidente Enrique Peña Nieto recurrió a un decreto de expropiación.
Ortega Álvarez aclaró que el PRD no está contra el progreso, pero no para unos cuantos individuos ni a costa de la ciudadanía y el medio ambiente. Es claro –dijo- que este proyecto impactará en el crecimiento de la mancha urbana para que un grupo de empresarios y políticos hagan negocio.
“No estamos en contra del desarrollo, ¿pero que acaso no hay otras regiones que requieren proyectos para detener la irracional migración y concentración en el centro del país? Incluso para los Valles de Toluca y México se pueden aplicar otras formas de desarrollo sin que conlleven tal rapacidad y depredación como la que se está haciendo”, concluyó.
