El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez reveló ayer que en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa participaron no sólo policías municipales de Iguala y Cocula, sino de Huitzuco y 2 elementos de la Policía Federal.
De acuerdo a un testigo presencial “no involucrado en las desapariciones” –cuyo nombre no fue dado a conocer-, la CNDH pide a la PGR abrir otra línea de investigación que involucra por primera vez a una corporación policiaca federal.
Esta nueva versión indica que los 43 normalistas partieron de Ayotzinapa a Iguala el 26 de septiembre del 2014 abordo de los autobuses 1568 y 1531 de la Línea “Estrella de Oro”, mismos que habían secuestrado dos días antes.
Los normalistas –entre 15 y 20- que iban en el autobús 1531 fueron detenidos en el “Puente del Chipote”, localizado en la entrada sur a Iguala, hasta donde llegaron cuatro patrullas de la policía municipal de Huitzuco.
Varios de los policías iban encapuchados. De acuerdo al testigo presencial los agentes obligaron a los estudiantes a bajar del autobús disparándoles cápsulas de gas lacrimógeno y una vez fuera del autobús fueron injuriados y golpeados por los policías.
Hasta ahí llego una patrulla con dos agentes de la Policía Federal que luego de dialogar con los municipales de Iguala y Huitzuco procedieron a llevar a Huitzuco a los normalistas para presentarlos ante una persona que los agentes sólo mencionaban como “El Patrón”.
La presunción es que este sujeto lidera a “una organización criminal y que fue él quien decidió el destino de los estudiantes”.
Al informar lo anterior, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, sin señalarlo explícitamente refuta la “Verdad Histórica” del exprocurador Jesús Murillos Karam y advierte que el caso está inconcluso, pues de acuerdo a ésta nueva versión, la PGR tendría que abrir una nueva e insospechada línea de investigación.
El Ombusdman nacional señaló que desde el 6 de septiembre de 2015, el GIEI proporcionó una lista de los estudiantes que viajaban en el autobús 1531, entre los cuales se encontraba Alexander Mora Venancio, uno de los dos normalistas cuya muerte fue confirmada por los expertos en genética de la Universidad de Innsbruck en Austria.
González Pérez –quien como subprocurador de la PGR, bajo el mando de Jorge Carpizo, investigó y cerró formalmente el Caso Colosio- explicó ayer que la investigación cuyos resultados da a conocer ahora, la inició el 23 de julio de 2015.
Antes de dar a conocer sus conclusiones de ayer, informó de ellas a los padres de los 43 normalistas.
De igual forma comentó que en razón de ampliar éstas investigaciones la CNDH bajo su responsabilidad solicitó desde el pasado 15 de marzo formalmente al GIEI el soporte documental de sus investigaciones y conclusiones para ser incorporados al expediente de la CNDH. Sin embargo, es fecha en que el GIEI no ha entregado ninguna de éstos dos elementos a la CNDH.
CNDH FRENTE AL GIEI
La sorpresiva revelación de González Pérez, que involucra la participación de agentes de la Policía Federal en la desaparición de los normalistas, mete en una nueva dinámica el caso de los 43 de Ayotzinapa.
La investigación advierte que fueron 4 corporaciones policiacas las que estaban bajo el servicio del crimen organizado, presumiblemente de Guerreros Unidos y Los Rojos, o algún otro cártel de los que operan en esa complicada región.
Pero sobre todo muestra lo endeble que era “La Verdad Histórica” presumida en su momento no sólo por el exprocurador Jesús Murillo Karam, sino por todo el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
La revelación de ayer de González Pérez llega además en un momento por demás crítico, en el cual el Gobierno Mexicano rompe y prácticamente expulsa a los 5 miembros de autonombrado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encabezada a su vez por el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
Y rompe con el GIEI porque este grupo se dedicó a sabotear no sólo la investigación realizada por la PGR sobre el caso de los normalistas, sino que se convirtió en el principal denostador del régimen de Peña Nieto.
Para hacerlo los del GIEI aprovecharon un informe muy sospechoso de un experto peruano en fuego, José Luis Torero, quien con tan sólo una estancia de 20 minutos en el lugar, desechó la versión de que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.
A raíz de esa afirmación, que fue esgrimida por los del GIEI en decenas de entrevistas y en reportes de todo tipo, se hizo creer que nada de lo investigado por la PGR era cierto.
Todo lo hizo el GIEI sin nunca presentar un informe final sustentado en pruebas científicas o técnicas.
A días de terminar formalmente su tarea –lo que concluye el 30 de este mes de abril-, el GIEI no ha entregado ni sus conclusiones ni sus recomendaciones.
UN NUEVO CASO
De igual manera este informe de la CNDH se da en el momento en que por redes sociales circula un video en que se observa a dos mujeres policías del Ejército y a una de la PF, torturar a una joven.
El caso la obligó a la PGR a abrir una investigación que podría ser un nuevo caso de grave violación de Derechos Humanos en México por parte de militares y la policía Federal.
Los dos temas –el de las revelaciones de la CNDH y el de la tortura-, surgen mientras el presidente Enrique Peña Nieto se encuentra en una gira que tocó Alemania y Dinamarca, países en los que sus autoridades le expresaron su preocupación precisamente por el tema de la violación de Derechos Humanos en México.
Ayer mismo la PGR emitió un comunicado en el que indica que el 7 de enero de 2016, en un informe de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, inició una averiguación previa para investigar la probable responsabilidad de elementos del Ejército y de un policía federal.
“Quienes presumiblemente habrían participado en hechos ocurridos el día 4 de febrero de 2015, en la población de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero”.
La PGR indicó ayer que en esta investigación ha tenido la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad.
Este video comenzó a circular en redes sociales desde antenoche. En él se observa a dos militares requiriéndole información a una joven la cual llora y responde no saber nada de lo que le preguntan.
En un momento determinado, un presunto policía federal le quita una camiseta con que le cubrían la cabeza, para colocarle una bolsa de plástico con la cual la asfixian en un dos ocasiones.
Luego de la proliferación de este video en redes sociales, la Secretaría de la Defensa emitió un comunicado en el que informó que la Procuraduría General de Justicia Militar ya emitió una orden de aprehensión en contra de un capitán y a una soldado-policía militar como presuntos responsables del delito de “desobediencia”.
La Policía Federal no había respondido sobre la posible participación de uno de sus elementos en este caso que sin duda ya trascendió hacia otras regiones del mundo.
