El titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, informó a los diputados de la Comisión de Vigilancia de la ASF, presidida por Luis Maldonado Venegas (PRD), que se llevaron a cabo 103 auditorías vinculadas con el desarrollo social, que abarcaron la revisión de 47 instituciones públicas. En total, se formularon 791 observaciones, que generaron mil 400 acciones.
De estas acciones, 515 fueron recomendaciones al desempeño, 390 recomendaciones, 228 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias, 155 pliegos de observación, 21 solicitudes de aclaración, 15 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 76 multas, agregó.
En la reunión de Análisis de los Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, en Desarrollo Social, Portal Martínez sostuvo que los principales factores de riesgo en este sector son las deficiencias en el sistema de control interno, en el 82.4 por ciento de los casos, y las fallas en el diseño de la normatividad aplicable, en el 17.6 por ciento.
“El porcentaje más significativo de las observaciones realizadas a los entes auditados tiene que ver con problemas y limitaciones en la concepción misma de los programas y políticas públicas, y la manera de llevarlas a la práctica”, detalló. Por ello, continuó, “el enfoque para su evaluación es al desempeño, que permitirá determinar la existencia de deficiencias en la planeación y desarrollo de las estrategias, con base en criterios válidos y confiables, así como plantear aspectos susceptibles de mejora”.
Se detectó la necesidad de una coordinación efectiva de todas las instancias involucradas, una adecuada priorización de metas parciales y la operación de mecanismos de evaluación de resultados e impacto, señaló.
El presidente de la Comisión Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, diputado Luis Maldonado Venegas, anunció que para tener una legislación renovada y robusta, se revisará con los distintos grupos parlamentarios y con la Junta de Coordinación Política la posibilidad de que esta instancia legislativa emita un dictamen de carácter técnico referente a la Ley de Fiscalización.
Precisó que con base en los acuerdos establecidos con el Senado de la República, será la cámara de origen de esta norma, la de Diputados. “Así que en los próximos días se tendrá un intenso análisis o revisión para formular, desde la perspectiva de cada grupo y de cada diputado, los análisis y las aportaciones”.
El diputado Fidel Almanza Monroy (PRI) dijo que de las mil 659 auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2014, sólo 103 corresponden a las funciones de desarrollo social; el monto de los recursos asignados a los programas presupuestarios fue uno de los criterios destacables para determinar el programa anual de auditoría aplicado, agregó.
Preguntó por la importancia que tuvo el monto de los recursos ejercidos para planear y programar las auditorías de la Cuenta Pública en desarrollo social y qué otros criterios se consideraron para realizarlas. Asimismo, comentó que en el ejercicio fiscal 2014, el gasto en desarrollo social ascendió a 2.05 billones de pesos, por lo que cuestionó a cuánto ascendió el monto auditado.
En tanto, el diputado del PAN, Luis Marrón Agustín, sostuvo que, “aunque el gasto social crece cada año, el rezago no disminuye”. Cuestionó sobre las propuestas de la ASF para mejorar la supervisión y seguimiento de los programas sociales y verificar que las metas se cumplan. ¿Cómo transparentar el ejercicio de los recursos en universidades?, planteó.
Preguntó sobre la conveniencia de un padrón único de beneficiarios, para evitar duplicidad como ocurre con el Seguro Popular. Destacó la opacidad que prevalece en el sector salud por la falta de vigilancia, ya que los órganos de control interno no funcionan. Planteó que si existen sanciones a servidores públicos que incumplen sus funciones.
Por su parte, la diputada Maricela Contreras Julián (PRD) mencionó que de las 103 auditorías practicadas, destaca el aumento a las promociones de responsabilidad administrativa, las multas y los pliegos de observaciones por posibles daños al erario público. Expresó su preocupación porque hay un gran problema en la falta de profesionalización del personal responsable de atender estos procedimientos.
Mencionó que a pesar de que existen muchos programas como los de becas contra el abandono escolar, de inclusión y de alfabetización digital, no cuentan con indicadores correctos para la medición de la efectividad. También expresó su preocupación por el funcionamiento del Seguro Popular.
En tanto, la diputada Araceli Damián González (Morena) subrayó que si bien el gasto social se incrementó en un 5.1 por ciento tan sólo se ha logrado revertir en un punto porcentual los indicadores de pobreza.
Solicitó a la ASF verificar los datos referentes a la cobertura hospitalaria, pues por cada mil habitantes sólo existen 1.7 camas para su atención; por ello, agregó, decir que sólo el 7.5 de población no tiene acceso a la salud, es erróneo.
Por su parte, las legisladoras de Movimiento Ciudadano Claudia Corichi García y María Candelaria Ochoa Ávalos solicitaron a los funcionarios de la ASF informar sobre las observaciones al gasto federalizado, en el cual indicaron que existe un monto de 77 mil millones de pesos; un 33.37 por ciento se dirigen a los recursos no devengados y 12 por ciento a falta de documentos.
Además, pidieron detallar respecto del Seguro Popular, la compra de medicamentos, pues es el rubro más señalado por presentar opacidad y corrupción, y cuál es su opinión sobre la política social asistencialista, ya que no ha dado resultado y si esto ocurre porque los programas no están bien focalizadas.
Coincidieron en que el desarrollo social ha sido utilizado de manera perversa, pues el gasto aun cuando es mayor, no se traducido en menor pobreza, ya que del año 2008 al 2014 se han incorporado a las filas de pobreza extrema cerca de 5.8 millones de personas.
El diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo sostuvo que en todo el modelo de desarrollo social se debe poner al centro a la persona, es decir, que esté humanizado. “Si queremos que los mexicanos tengan una mejor imagen de su gobierno, la mejor área de oportunidad son los servicios de salud, porque es uno de momentos más sentidos del ser humano”.
Afirmó que los análisis arrojados por la ASF reflejan que la pobreza se ve con perversidad, pues quienes combaten la marginación son los que se benefician de ella; además, en este rubro las deficiencias en el control interno representan el 82 por ciento de las observaciones.
En su intervención, el auditor Portal afirmó que la revisión aplicada a las estrategias en salud, educación y protección social, mostraron carencias estructurales que obstaculizaron el logro de los objetivos propuestos. Entre los elementos más relevantes, refirió la ausencia de un diagnóstico integral para atender las necesidades de los sectores sociales con mayores rezagos, que garanticen el acceso a un nivel mínimo de satisfactores elementales.
Dijo que se identificó desarmonización en los marcos normativos aplicables; desarticulación de la estructura institucional para implementar las políticas sociales; carencia de una planeación integral de mediano y largo plazos; dificultades para identificar con claridad la vinculación entre los registros presupuestales de los programas y su ejercicio. Además, fallas en la identificación y focalización de la población objetivo.
Como consecuencia, se encontraron dificultades operativas en su implementación, como la falta de coordinación y la carencia de mecanismos de evaluación para medir los efectos de la participación gubernamental.
Portal Martínez señaló que la ASF, a lo largo de los años, ha referido que las observaciones son las mismas y que, en el periodo 2002 al 2012, cada año hubo alrededor de nueve mil a 10 mil observaciones, en las cuales se han encontrado grandes deficiencias en la Administración Pública Federal, en la normatividad, lo cual arroja que el presupuesto destinado a diversas áreas suele ser un gasto improductivo e ineficiente.
SEP, IMSS, Sedesol, ISSSTE y CNEGSR, con más observaciones
Alejandro Romero Gudiño, titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), refirió que las cinco entidades públicas con funciones de desarrollo social más observadas y con mayor número de acciones promovidas, fueron la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 210 y 359, respectivamente.
Además, el IMSS, con 70 observaciones y 107 acciones; la Secretaría de Desarrollo Social, con 57 y 93; el ISSSTTE, con 43 y 77, y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con 43 y 70, respectivamente.
Señaló que las recuperaciones determinadas en la Cuenta Pública 2014 se redujeron en 56.7 por ciento respecto a las de 2013, al pasar de 12 mil 937.5 millones de pesos a 5 mil 601.2 millones. “Al cierre del informe de la ASF habían sido efectivamente recuperados 57.2 millones de pesos, que representan uno por ciento”.
Precisó que más del 78 por ciento de las recuperaciones se concentraron sólo en tres instituciones: la SEP, 39.1 por ciento; la Universidad Autónoma del Carmen, 20.7 por ciento, y la Sedesol, con el 18.2 por ciento.
Resaltó la realización de dos importantes evaluaciones a políticas públicas: a la Secretaría de Salud (SS), para fiscalizar la estrategia del tercer nivel de atención, y al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), para determinar el cuidado a este sector. Se practicaron 2.8 auditorías, que arrojaron 7.7 observaciones y la promoción de 13.6 acciones.
Arturo Orci Magaña, auditor especial del Gasto Federalizado de la ASF, explicó que se tiene un total de mil 178 auditorías en 2014 en gasto federalizado y, de éstas, aproximadamente el 90 por ciento tiene que ver con funciones de desarrollo social.
Refirió la necesidad de un padrón único de beneficiarios en el sector salud, ya que no se ha resuelto la duplicidad en la prestación de esos servicios.
Sobre la adquisición de bienes, Javier Pérez Saavedra, auditor especial de Cumplimiento Financiero, comentó que la Universidad Autónoma del Estado de México, sin tener facultad para contratar equipo de cómputo, lo hizo por 129 millones de pesos: 63 millones de pesos con una sociedad mercantil y el resto con 27 personas físicas. “Los productos entregados fueron idénticos, sustituyendo sólo la carátula”, denunció.
Marisela Márquez Uribe, directora de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas “B”, aseguró que nueve millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud. Mencionó que no existen indicadores que midan la calidad de los servicios.
