La integrante del Grupo Parlamentario de Morena informó que presentó un Punto de Acuerdo dirigido al Ejecutivo Federal al respecto, pues millones de mexicanos exigen que haya una defensa real de los derechos humanos. “México está ensangrentado y requiere que se detenga ya esta problemática de la violación de los derechos humanos en el país”.
En entrevista, calificó de lamentable que el Gobierno Federal no acepte los señalamientos que le hacen los organismos internacionales sobre su incapacidad para detener el secuestro, la tortura, la desaparición forzada y la deficiente impartición de justicia.
“En una reunión reciente con la ONU, en términos de derechos humanos aquí en México, se mencionó que el gobierno mexicano parece ser que tiene cierta esquizofrenia, al no querer reconocer el desastre y la emergencia en esta materia en nuestro país”, enfatizó.
La legisladora capitalina expresó que esa actitud del gobierno de Peña Nieto hace que la sociedad civil no le tenga confianza, porque no es transparente y debería de abrir las puertas a todos los relatores de derechos humanos.
“La negativa del Gobierno Federal a la petición del Relator Especial, de regresar al país durante este año, sienta un precedente negativo para el Estado mexicano que afecta a los defensores y organismos internacionales de derechos humanos y, particularmente, en contra del derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad”, manifestó.
En ese sentido, consideró que no permitir la visita de Juan Ernesto Méndez, Relator Especial sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU es un hecho preocupante, sobre todo si se le considera parte de un contexto de decisiones incorrectas.
Esto, explicó, porque el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, canceló unilateralmente la posibilidad de extender las tareas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero.
Al respecto, hizo un llamado al Titular del Ejecutivo Federal para que las dependencias involucradas prorroguen el plazo que se dio al GIEI para brindar asistencia técnica en la investigación de los normalistas desaparecidos hace más de año y medio.
“Es muy necesaria la presencia del GIEI, porque en los recientes resultados sobre la posible identificación de cuerpos de los jóvenes de Ayotzinapa, que acaba de anunciar la PGR, en realidad no hubo ninguna evidencia de que los restos humanos que se encontraron en el basurero de Cocula, hayan sido de alguno de los estudiantes”.
La también integrante de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa, reconoció que es aventurado definir un plazo de permanencia del GIEI en nuestro país, ya que depende del nuevo reporte que los expertos entreguen el 30 de abril. Por ello, agregó, invito al Ejecutivo Federal para que acuerde con los padres de los desaparecidos un nuevo periodo de investigaciones.
Asimismo, recordó que la Unidad Especializada en Investigación y Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), abrió una averiguación previa, a partir de acusaciones mediáticas en contra de Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH.
“Se ha montado toda una campaña de desprestigio, que se está investigando por parte de la PGR a quien está ahorita al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, quien ha sido de los defensores de derechos humanos aquí en México que mejor trabajo han realizado. Esto parece más un hostigamiento”, reclamó.
