Al dar a conocer a los legisladores federales el “rescate” de la PEMEX, a esta la consideran históricamente una institución fundamental para la economía mexicana y las finanzas públicas del país. Sin embargo, las condiciones económicas adversas que atraviesa el sector hidrocarburos a nivel internacional y el agotamiento de distintos yacimientos han debilitado la situación financiera de Pemex. En este contexto, el Gobierno Federal ha trabajado de forma conjunta con la empresa para definir los mecanismos más adecuados para apoyar a la misma y fortalecer su situación financiera.
En el contexto actual de precios bajos del petróleo, el Gobierno Federal apoyará a Pemex utilizando diversos instrumentos, que incidirán en un mejor resultado de operación, la capitalización de la empresa y mayor liquidez inmediata. El apoyo deberá contribuir a alinear los incentivos para que las mejoras en la gestión sean el eje del fortalecimiento de Pemex.
El Gobierno Federal otorgará un apoyo líquido equivalente a 73.5 mmp a través de los siguientes instrumentos:
I. Una aportación patrimonial inmediata del Gobierno Federal por 26.5 mmp, utilizando el espacio presupuestal del Gobierno Federal generado por el ajuste preventivo del 17 de febrero del año en curso.
II. Se intercambiará, durante el año, parte del bono que en 2015 el Gobierno Federal, por ministerio de ley, le otorgó a Pemex (con motivo de la asunción de una porción de los pasivos pensionarios de la empresa) por 50 mmp,[1] por títulos negociables del Gobierno Federal por un monto de 47 mmp para el pago de pensiones y jubilaciones durante 2016, aumentando la liquidez de la empresa.
Estos apoyos se encuentran condicionados a que Pemex reduzca su pasivo circulante, deuda con proveedores y contratistas en la misma cantidad que la recibida por parte del Gobierno Federal, es decir en 73.5 mmp. Asimismo, Pemex se compromete a que el pasivo circulante remanente que presente la empresa al cierre de este año se haya generado en 2016, y a establecer mecanismos para registrar y gestionar adecuadamente dicho pasivo, así como para asegurar que los referidos adeudos se mantengan en niveles sostenibles en el futuro.
La aportación patrimonial tendrá un impacto positivo sobre el balance presupuestario de la empresa, dado que se registrará como un ingreso, pero para el sector público no tendrá impacto debido a que es una operación compensada.
En la medida que la empresa reduzca su pasivo circulante y debido a que el presupuesto se autoriza y ejerce en flujo de efectivo, la cancelación del pasivo circulante se reflejará en un mayor gasto y un deterioro de los RFSP. Sin embargo, como se describe más adelante, el ajuste al régimen fiscal de Pemex se reflejará en una mejor posición financiera de la empresa.
El apoyo del Gobierno Federal considera también la modificación el régimen fiscal de Pemex, permitiendo que la empresa pueda realizar mayores deducciones de costos en los casos de asignaciones para la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas terrestres o en aguas someras.[2] Específicamente, se establece que los límites de deducciones aplicables para determinar el derecho por la utilidad compartida para aguas someras y para campos terrestres serán de cuando menos 6.10 y 8.30 dólares por barril de petróleo crudo equivalente, respectivamente. En caso de que el límite de deducciones establecido en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos sea mayor a los valores mencionados, Pemex podrá optar por aplicar este límite.
Los precios de los hidrocarburos y los costos de producción de los mismos usualmente se mueven en el mismo sentido y por magnitudes similares ante choques en el mercado. Por ello, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se estableció un límite a las deducciones de costos que sería equivalente a un porcentaje del valor de la producción. Sin embargo, a pesar de que durante los últimos meses se han observado reducciones en los costos de extracción como consecuencia del deterioro en el mercado petrolero internacional, la disminución ha sido proporcionalmente menor que la abrupta caída observada en los precios de los hidrocarburos.
Cabe notar que el régimen fiscal vigente de Pemex, en contraste con el esquema anterior a la Reforma Energética, permite trasladar aquellos costos no deducidos a ejercicios subsecuentes, por lo que eventualmente Pemex hubiese deducido la totalidad de sus costos. Sin embargo, un límite de deducibilidad constreñido por escenarios bajos de precios de los hidrocarburos ha generado presiones de liquidez de corto plazo para la empresa. Por tanto, el ajuste planteado en el régimen fiscal de Pemex incorpora el hecho de que los costos no se han ajustado a la baja al mismo ritmo que se lo han hecho los precios, por lo que la medida apoya la liquidez de la empresa.
En las condiciones actuales de precios y producción, la modificación implica que el pago de derechos de Pemex durante 2016 se reduzca en alrededor de 50 mmp. Un monto equivalente se reflejaría en una mejora en el balance financiero de la empresa. Este fortalecimiento se refleja automáticamente y de forma integral en un aumento del patrimonio del Estado, por lo que este ajuste no implica un deterioró en la postura financiera del Sector Público.
Tomando en consideración el efecto conjunto del remanente de operación del Banco de México anunciado el 11 de abril por 239 mmp y las medidas de apoyo a Pemex, se estima que los RFSP y el SHRFSP tendrán una mejora neta con respecto a lo originalmente aprobado para el ejercicio fiscal 2016.
Asimismo, Pemex mantendrá el ajuste presupuestario previamente anunciado y aprobado por su Consejo de Administración, el cual se requiere para que la empresa pueda hacer frente a los faltantes de liquidez generados por la disminución en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Las acciones responsables en materia de finanzas públicas del Gobierno Federal, junto con el fortalecimiento financiero de Pemex, favorecen a la actividad económica nacional y propician mayor estabilidad macroeconómica en beneficio de las familias mexicanas.
