Pero los jefes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dicho que no, que les vale sorbete lo que decida su contraparte del Acuerdo de Asistencia Técnica, el gobierno mexicano. Primero fue el presidente de la CIDH, James Cavallaro quien declaró que no le toca al gobierno de México decidir sobre la permanencia del GIEI y ahora reitera esa posición el Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza.
La postura de los gallones de la CIDH es absurda y ridícula. Enviaron al GIEI a México por acuerdo con el gobierno mexicano y ahora pretenden mantenerlo contra la voluntad de quien solicitó la asistencia.
No puede descartarse que sin el apoyo económico del gobierno mexicano (con el dinero de los contribuyentes mexicanos) la CIDH pretenda mantener al GIEI en el país para que -ya fuera máscaras- actúen como los activistas ultraizquierdistas extranjeros que son. Si fuera el caso, la situación sería interesante, pues los del GIEI ya no disfrutarían de la inmunidad que el gobierno les concedió (la cual de por sí es legalmente muy cuestionable).
Pero pase lo que pase hay que estar perfectamente claros: el conflicto político fabricado a partir de la masacre de Iguala no terminará el 30 abril. Sus fabricantes desde la CIDH, desde Amnistía Internacional, desde la izquierda mexicana seguirán alimentándolo y escalándolo.
Ya no se trata sólo de tender una cortina de humo sobre que la peor violación a los derechos humanos en México desde el 2 de octubre de 1968 es obra de políticos izquierdistas. De lo que se trata es de traer a México, desde el extranjero, una fuerza que suplante a las instituciones nacionales e imponga un modelo que la izquierda no ha podido imponer por la vía electoral.
