El Congreso debe mandar en materia presupuestal y no esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decida, porque sus argumentos para convenir el presupuesto no los determina a partir de la calidad del aire, sino, incluso, desde criterios políticos.
Recordó que en legislaturas y el periodo anteriores, el GPPRI y sus aliados se negaron a aprobar recursos financieros para que la capital del país pudiera contar con un mejor transporte público, como fue también el reciente anuncio de cancelar en 2 mil 200 millones de pesos la ampliación de la Línea “A” del Metro hacia Chalco, además de los 5 mil millones de pesos que solicitó el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
“Esta crisis nos puede servir para revisar la mala planeación urbana, sumado al cambio climático y al cambio de patrón ambiental que hay en la ciudad, además del desorden en la Megalópolis que nos ha llevado a una crisis”, puntualizó la legisladora, quien advirtió que las cosas no van a funcionar si no se toman decisiones con carácter metropolitano.
“Las disposiciones que se tomen en materia ambiental, apuntó la perredista, las debe asumir el gobierno federal; es éste quien debe responsabilizarse de la red de monitoreo y ser quien determine el carácter de las emergencias ambientales”, subrayó.
Soto González destacó que nadie “asume estas atribuciones y decisiones porque son impopulares y porque castigan políticamente”, pero al mismo tiempo, son aprovechadas por intereses que en los últimos días, en medio de la contingencia ambiental, han llevado a cabo una campaña irresponsable de descalificación y para sembrar terror entre la población.
La también presidenta de la Comisión del Distrito Federal acusó que el aprieto ambiental está siendo usado políticamente de cara a las elecciones del 2018. El problema es un tema de salud pública que debe preocuparnos a todos y el gobierno tiene que asumir su responsabilidad de priorizar el bienestar de la población, por lo que no se debe meter en este tema la política.
Consideró que se debe actuar con decisión y responsabilidad, y no desobedeciendo obligaciones y responsabilidades, como es el caso del gobierno del estado de México que no ha asumido lo que exige el artículo 122, inciso C de la Constitución en materia de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico junto con la federación, la ciudad de México y el resto de las entidades de la Megalópolis.
Dijo que de los 42 municipios del estado de México, sólo 18 han participado en el programa de emergencia ambiental, las que al igual que las otras entidades de la Megalópolis, rara vez obedecen y, por el contrario, es a la capital a quien se le castiga.
Para la también secretaria de la Comisión de Cambio Climático, la crisis medioambiental que se vive es la suma de muchos situaciones que la han generado, como el exceso de automotores, la falta de regulación, especialmente en la micro y mediana industrias: “Miles de talleres de hojalatería y pintura, de carpintería y calderas emiten contaminantes, como precursores de ozono y emisores de partículas de humo negro, que no están reglamentados”, detalló.
Otro problema que hay que atender es el de la industria automotriz, que no cumple con entregar en México automóviles con los estándares más altos de calidad y que no contaminen, como lo hace en otros países, la cual, recordó, se amparó en 2012 en contra de la norma 163, a la que se ha resistido.
Así, dijo, es necesario meter en cintura a la industria automotriz, vigilar a la pequeña y mediana industrias para evitar que siga generando emisiones contaminantes, priorizar el transporte y la movilidad del 75 % de la población que no tiene automóvil, desincentivar el uso de éste y su encarecimiento.
También volver al pago de la tenencia; ofrecer beneficios por el uso de automóviles eléctricos, impuestos verdes, mejorar las normas de la industria del autotransporte de carga, y voltear a otros lugares de éxito en la materia como Los Ángeles, además de aplicar horarios de trabajo escalonados, ingreso a escuelas y uso de transporte escolar colectivo obligatorio, entre otras acciones.
