“No puede administrarse bien el agua si no se sabe quién la administra”, subrayó María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en el encuentro que sostuvieron los académicos universitarios con la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para exponer sus puntos de vista en torno a la situación del sector hídrico del país.
El Poder Legislativo, precisó, debe dejar en claro el papel del Estado como garante del interés público de las aguas, para convertirlo en facilitador de recursos y gestor del desarrollo. Principalmente, para volverlo un mecanismo que coordine la participación de la sociedad civil.
“No se va a poder hacer una nueva ley nacional de aguas si no se plantea la reestructuración de Conagua. Necesitamos generar instancias de diálogo para generar consensos y resolver conflictos”, reiteró.
El diputado presidente del órgano colegiado, José Ignacio Pichardo Lechuga (PRI), opinó que la conformación de la nueva ley de aguas es “un reto que comparten todos los ciudadanos”. En tal sentido, propuso establecer un vínculo permanente con la Máxima Casa de Estudios para contar con la voz de los especialistas en el tránsito hacia la norma.
Su correligionaria, Susana Osorno Belmont consideró que diseñar una ley no es tarea sencilla, pues además de atender la problemática actual, debe ser útil para las siguientes generaciones y requerir pocos cambios cuando se quiera modernizar su articulado.
Por Acción Nacional, el diputado Andrés Aguirre Romero comentó que la gobernanza del agua será un tema relevante dentro de las discusiones de la ley, pues con ello la Conagua podrá asumir su papel para velar por este derecho.
También del PAN, Pedro Garza Treviño propuso a los integrantes de la Comisión analizar y precisar la cantidad de agua a la que tiene derecho cada persona, para así evitar tanto faltas como abusos.
Angie Dennisse Hauffen Torres (MC) se pronunció por dar más facultades a los organismos locales y municipios en la toma de decisiones. A falta de esto, no pueden administrar adecuadamente el recurso o poner en marcha obras de infraestructura.
Al tomar la palabra, Rodrigo Gutiérrez Rivas, del IIJ-UNAM, insistió en calificar al agua como un derecho humano en la nueva norma. Además de estar en armonía con la Carta Magna, esto respondería a los tratados multinacionales de los que México es parte, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR, por sus siglas en ingles).
Por otra parte, pidió incluir en la ley de aguas los conceptos disponibilidad, accesibilidad, calidad, asequibilidad, no discriminación y acceso a la información, lo que ayudará a priorizar el uso doméstico del líquido por encima del industrial, y a verlo no como un bien económico, sino cultural.
El investigador del Instituto de Biología, Luis Zambrano González, instó a precisar en la nueva norma otros dos conceptos relevantes: dinámica del ecosistema y cambio climático. El primero, para que los ciudadanos comprendan los ciclos naturales del agua y tomen decisiones con base en ello, pues, dijo, “no es un recurso infinito”.
El segundo, para tener conciencia del cambio e intensidad de las temporadas de lluvia –que impactan en la filtración de agua en el suelo y las inundaciones- y evitar posibles contingencias.
Helena Cottler Ávalos, del Instituto de Ciencias, planteó incluir a los Consejos de Cuencas –órganos locales vinculados a la gestión de recursos hídricos- en la toma de decisiones del Ejecutivo federal, además de garantizarles autonomía presupuestaria, y dar espacios de participación a los ciudadanos.
Recordó que en México existen mil 471 cuencas hidrográficas y 26 Consejos; sin embargo, consideró que debe haber entre 40 y 50 espacios como éstos que reflejen fielmente la situación del territorio donde se emplace y abra la puerta a la participación local de manera efectiva.
