La diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN), presidenta del órgano legislativo, destacó que “la expectativa de los diputados en la reunión con el ex procurador es escuchar su punto de vista y conocer los elementos de soporte técnico, jurídico, científico y pericial de las conclusiones preliminares de la Procuraduría General de la República; es importante oírlo”. El lugar del encuentro está por definirse, indicó.
Asimismo, la Comisión Especial acordó realizar una sesión extraordinaria la próxima semana, con el propósito de que los grupos parlamentarios fijen su postura sobre la factibilidad de que los padres de familia de los alumnos de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” desparecidos comparezcan ante el Cámara de Diputados y expongan la situación actual de las investigaciones, a 18 meses de los hechos registrados en Iguala.
“Estamos insistiendo en que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se pronuncie en este sentido”, subrayó Murguía Gutiérrez, quien convocó a los integrantes de la Comisión Especial a sensibilizar a sus grupos parlamentarios para definir esta petición favorablemente.
“Es una prioridad que el Congreso abra el espacio y el foro para que ellos puedan decir cuál es la situación que guarda la desaparición de sus hijos”; es transcendente que las víctimas de esos hechos asistan al Pleno de la Cámara, sostuvo.
Refirió que la Jucopo, por tratarse de un caso especial, como lo señala el Reglamento, tendría que pronunciarse y turnarlo al Pleno. “Para los diputados de esta Comisión, este asunto es lo más importante del trabajo legislativo. Quizá los grupos parlamentarios, con el alud de asuntos no tienen plena conciencia de la urgencia e inminencia de pronunciarse en este caso, de dar espacios, de oír opiniones”, por lo que insistió en que se sensibilice a los legisladores, subrayó.
La diputada del PRD, Cristina Gaytán Hernández, se pronunció por llegar a la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, y que cada grupo parlamentario en la Comisión Especial exponga una clara posición al respecto. Solicitó a la Jucopo un pronunciamiento inmediato, pues la resolución está detenida desde hace varios meses.
Por Morena, la legisladora Araceli Damián González expresó su preocupación porque el periodo de sesiones ordinario se agote y los padres de los estudiantes de Iguala no puedan manifestar su posición ante el Pleno.
“No podemos evadir una responsabilidad ni una realidad ante la petición de los padres para asistir al Pleno; debe definirse si hay voluntad o no para que vengan. Políticamente es muy riesgoso para todos, con un costo tremendo, que no se abra el espacio, porque no se puede negar la participación de los padres, ya que son las principales víctimas de estos hechos”.
A nombre del PRI, la diputada Silvia Rivera Carbajal manifestó su interés para que se conozca la verdad y se esclarezcan los hechos; “no estamos cerrados”. Hay 136 personas detenidas, siguen las investigaciones y el caso no está cerrado, enfatizó.
Sobre la actividad del GIEI en México, cuyo plazo vence el próximo 30 de abril, los diputados de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco y Marbella Toledo Ibarra, coincidieron en la necesidad de respaldar su permanencia, ya que ha realizado un trabajo técnico y científico objetivo que ha permitido esclarecer las deficiencias de la investigación realizada por la PGR y autoridades estatales y municipales. La indagatoria continúa y la procuraduría no debe limitar la temporalidad del GIEI, apuntaron.
Por Nueva Alianza, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla consideró que el gobierno federal debe extender la presencia de ese grupo de expertos en el país, y refrendarla a través del acuerdo internacional que firmó.
Por otra parte, la diputada Murguía Gutiérrez informó que la Comisión Especial tendrá reuniones de trabajo el 11 de abril con Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a las 18 horas, en sus instalaciones.
Para el 23 de abril, con Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, en las oficinas de la dependencia.
Asimismo, el 20 de abril entrante, con el apoderado legal de la empresa Autotransportes Estrella Roja del Sur, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y con los dos choferes de los autobuses de Costa Line, 20-12 y 25-10, que transportaban a los estudiantes cuando fueron atacados por la fuerza pública.
La legisladora precisó que quedaría pendiente el encuentro con la empresa Estrella Roja de Cuautla, responsable del quinto autobús en que se trasladaban los normalistas en Iguala.
