Aseguró que se busca que Estados y Ayuntamientos administren sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.
Consideró positivo elevar de 10 a 15% el techo de financiamiento neto de los ingresos de libre disposición a las entidades que estén en condiciones de sanidad financiera, para que esto sirva como un incentivo.
Destacó que la ley hace obligatorio que las entidades inscriban en el Registro Público Único las participaciones afectadas en garantía.
“Con esta nueva Ley, los créditos de corto plazo no podrán refinanciarse a más de un año y quedará prohibido para mandatarios locales heredar deuda, por lo que deberán liquidar los créditos a más tardar tres meses antes de que culmine su gobierno”, expuso la legisladora.
Enfatizó que esta regulación evitará malos manejos financieros como el que se tiene en Quintana Roo, cuyo endeudamiento supera los 23 mil millones de pesos, lo que representa el 280 por ciento de las participaciones federales que recibe el estado, según las estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ivanova Pool dijo que se trabaja en las Leyes Secundarias de esta reglamentación, sin embargo la primera obligación que tienen los gobernadores y alcaldes es reportar al Congreso de la Unión las deudas con garantía federal, mientras los congresos locales, a través de sus entes fiscalizadores, deberán auditar en 90 días el conjunto de obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos afectados como garantía.
