El Consejero Electoral Marco Antonio Baños, Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, señaló que el documento presenta recomendaciones para el diseño de la nueva política pública nacional en materia de Educación Cívica que el INE aprobará en los próximos meses.
“La nueva política deberá enfocarse a que el INE sea el encargado de promover una ciudadanía política de carácter amplio, y no solamente electoral; y que debe buscar la colaboración de otras instituciones del Estado y de la sociedad, para el desarrollo de otros tipos de ciudadanía civil y social”, enfatizó.
Destacó que el balance propone además, organizar un acuerdo nacional en materia de educación cívica y de construcción de ciudadanía. “Dicho acuerdo debe traducirse en un compromiso político de las instituciones del Estado con otros actores de la sociedad civil, de la iniciativa privada y con las principales fuerzas políticas para el desarrollo de ciudadanía”.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, se refirió a los retos que presenta la articulación de una política de Estado en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía, la cual –dijo- requiere del consenso entre todos los actores involucrados.
De lo contrario, refirió, “seguiremos presenciando, a pesar de los buenos esfuerzos que se han venido realizando por esta institución en las últimas décadas, de un gradual deterioro y de erosión de una cultura cívica en nuestro país, la cual constituye el sustrato social para la recreación del sistema democrático”.
Posteriormente, el Consejo General estableció el monto de 76 millones 770 mil 064 pesos como Límite del Financiamiento Privado que podrán recibir los partidos políticos durante el ejercicio 2016, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento de Fiscalización, el cual señala que las aportaciones de militantes, tendrán el límite anual equivalente al dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate.
En otro punto del orden del día, el pleno aprobó, por nueve votos a favor y dos en contra de la Consejera Pamela San Martín y del Consejero José Roberto Ruiz, el acuerdo por el que se establece que no ha lugar a la adopción de medidas cautelares en los procedimientos administrativos en materia de fiscalización.
El Consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que dictar medidas cautelares en materia de fiscalización implicaría que la autoridad llegue a conclusiones sin analizar el conjunto de los elementos de gasto-ingreso involucrados en una campaña, sin dar derecho de audiencia ni comprobar la información con terceros.
Y argumentó que “una decisión sin valorar dichos elementos podría dar lugar a actos de la autoridad muy arbitrarios que implicarían congelar ingresos y gastos o flujos de dinero, durante una campaña; lo que podría ser un daño irreparable, al colocar a un actor político en plena contienda electoral, en la imposibilidad de ejercer los recursos públicos y privados, que la Constitución le autoriza”.
El Consejero Murayama agregó que existen mecanismos ya establecidos para detener conductas ilícitas que afecten la equidad en la contienda, en materia de ingresos y gastos, por lo que aseguró “la inviabilidad de las medidas cautelares en fiscalización no se traduce en omisión de la autoridad para frenar acciones que vulneren la norma”.
Asimismo, el pleno aprobó los dictámenes y resoluciones respecto de las irregularidades encontradas en los Informes de Precampaña de los Ingresos y Gastos de los Precandidatos a los cargos de Diputados Locales, Ayuntamientos y Presidentes de Comunidad correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en Tlaxcala; y a los cargos de los Ayuntamientos 1, 2 y 3, del Proceso Electoral Local Ordinario 2015-2016 en el estado de Durango.
Respecto a la resolución correspondiente al estado de Tlaxcala, el Consejo General impuso sanciones económicas a los partidos políticos por un monto global de un millón 268 mil 120 pesos, y determinó la pérdida del derecho a ser registrados como candidatos a 87 precandidatos a diputados locales y ayuntamientos, por no haber entregado informes de gastos de precampaña: 58 del Partido Verde Ecologista de México, 25 del Partido Alianza Ciudadana, dos del Partido Socialista, y dos del Partido Nueva Alianza.
Al desahogar la sesión, el máximo órgano de dirección del Instituto resolvió 12 quejas interpuestas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.
De éstas, nueve resultaron infundadas, una sobreseída, una parcialmente fundada en contra de la Organización de Ciudadanos Frente Humanista Nacional A.C. por omisión de reporte de gastos, para quien se determinó una multa de 380 mil 205 pesos; y una fundada en contra del Partido de la Revolución Democrática por omitir reportar la adquisición de vehículos en el Informe Anual de Ingresos y Gastos de 2012, la sanción a dicho partido asciende a un millón 296 mil 466 pesos.
Durante la sesión, las y los Consejeros Electorales definieron los lineamientos para la disolución y liquidación de las asociaciones civiles que representaron a los aspirantes, candidatas y candidatos independientes al cargo de Diputadas y Diputados Federales por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2014-2015; y aprobaron siete acatamientos de sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización.
