Así se establece en el punto de acuerdo presentado por la legisladora de izquierda, por el que además se exhorta al comisionado para la Reforma Política de la Ciudad de México a que maximice la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos; y a los secretarios técnico y ejecutivo del grupo de trabajo a que garanticen la mayor apertura en los mecanismos para la participación ciudadana transparentando el procedimiento de sistematización de las propuestas ciudadanas y de los integrantes del grupo de trabajo para su inclusión en la redacción del proyecto de constitución de la ciudad de México.
“La lucha por la transformación jurídica de la capital del país mediante una reforma política plena e incluyente no es un tema de moda o una mera ocurrencia, por el contrario, ha sido una lucha histórica impulsada desde hace más de treinta años”, expresó Damián González.
En entrevista, la legisladora Araceli Damián añadió que la reforma política se encuentra lejos de ser perfecta o plenamente democrática, pues una de sus graves fallas reside en que el Constituyente será electo por la ciudadanía tan sólo en un 60 por ciento, dejando el resto a la imposición de las Cámaras del Congreso de la Unión, del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, e incluso del Presidente Enrique Peña Nieto.
Aunó que a diferencia de cualquier constituyente en nuestro país, el artículo transitorio séptimo, en su penúltimo párrafo, señala que es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México elaborar y remitir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, para su discusión y -en su caso-, modificación, adición y votación por la Asamblea Constituyente, lo que significa, aseveró, que el Constituyente en realidad será solamente una oficialía de partes que de trámite a la propuesta del Jefe de Gobierno y pueda modificar o adicionar un proyecto ya existente.
Puntualizó que deben ser retomados y protegidos los derechos sociales que se han garantizado en la Ciudad de México, y no debe desperdiciarse la oportunidad histórica que en otras constituciones no se ha garantizado, que es la salvaguarda plena de los derechos humanos en la capital del país.
“Temas como la pensión universal para personas adultas mayores, la interrupción legal del embarazo, el matrimonio civil igualitario y el cambio de identidad jurídica para personas transgénero entre otros, no deben someterse a discusión, sino que deben garantizarse y fortalecerse en la nueva Constitución de la Ciudad de México”, subrayó.
Al finalizar, la diputada comentó que debido a que esta Constitución por su nacimiento no garantiza la participación democrática plena de la ciudadanía, es necesario que los pocos espacios en los que pueden tener participación sean preservados y respetados, sin que se imponga ninguna agenda personal o partidista por encima del interés público que representan la ciudadanía.
“Es importante que se garanticen los mecanismos para que quienes deseen participar y aportar propuestas a las mismas puedan hacerlo de manera oportuna, por lo cual será necesario que exista un procedimiento claro, transparente y público”, concluyó.
