La legisladora dijo que con la finalidad de conocer el estado que guarda la industria minera que se practica en el país, presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal a que haga públicas las concesiones mineras vigentes, así como la documentación que acredite el pago de los derechos correspondientes y, en su caso, los documentos que acrediten las gestiones de cobro realizadas o los trámites para la revocación de las concesiones entregadas.
“Se requiere que el informe contenga cuando menos los siguientes rubros: 1. Nombre de la empresa o particular concesionario; 2. Folio o número de concesión; 3. Duración de la concesión; y 4. Monto de derechos obligados a pagar por la empresa o particular concesionario”, recalcó la legisladora Hernández Colín.
La legisladora explicó que en la actualidad, dada la expansión del modelo económico neoliberal, buena parte de las empresas públicas y de las riquezas nacionales han sido concesionadas a particulares, lo cual, dijo, nunca ha venido aparejado de la mejora en la calidad de los servicios prestados, en la mejora de las condiciones laborales de quienes prestan sus servicios a los particulares o en la mejor distribución de la riqueza producto de la explotación de los recursos naturales de los mexicanos.
“La concesión es un acto administrativo por medio del cual, la administración pública federal, confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio público o de algún bien del Estado”, declaró.
Añadió que la industria minera ha crecido a lo largo del territorio nacional, de 2006 a la fecha, y que la inversión extranjera directa aumentó más de 224 %, ubicándola así como el cuarto generador de divisas netas del país, con un monto de 22 mil 516 millones de dólares.
Sin embargo, lamentó que desde hace más de veinte años, con la promulgación y entrada en vigor de la Ley Minera, se otorgaron grandes facilidades para la privatización disfrazada de concesión de éste amplio y lucrativo sector, y se implementó un régimen fiscal por demás permisivo que ha propiciado el enriquecimiento extraordinario de unos cuantos, sin que las condiciones de los trabajadores sean muy diferentes a las que eran en la época revolucionaria.
Así mismo, evidenció que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, fueron concesionadas 52 millones de hectáreas a empresas mineras, lo equivalente al 26 % del territorio nacional, y que actualmente se entregaron 25.6 millones de hectáreas, equivalente al 13 % de territorio nacional.
“El mercado minero concesionado está privilegiado, las obligaciones mencionadas en el artículo 27 de la Ley Minera se reducen a pocos enunciados donde el pago de los derechos correspondiente se erige como uno de los más importantes; y no obstante ello, la Auditoría Superior de la Federación, menciona que en 2014, el gobierno no recibió el pago total de los derechos correspondientes de 9 mil 170 títulos de concesión que fueron entregados”, puntualizó.
Para concluir, comentó que el Sistema de Administración Minera de la Secretaría de Economía, dispone muy poca información en su portal, misma que dada la naturaleza de la función minera, debería estar a la vista de todos, para saber qué empresa tiene qué concesión y si ya pagó el derecho correspondiente.
