Además, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que instituyan la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en esta materia, y precisar que la Ley respectiva determine los instrumentos correspondientes para certificarlos.
La iniciativa impulsada por la diputada Katia Berenice Burguete Zúñiga (PAN), menciona que proyecciones del Consejo Nacional de Población para el 2025 y 2050 contemplan que el monto de adultos mayores aumentará de 17.2 a 32.4 millones respectivamente, situación que representa un gran desafío para el gobierno y la sociedad mexicana.
Desafortunadamente la discriminación por motivos de edad persiste en todos los ámbitos, incluso en las familias, lo que deriva en la marginación de los adultos mayores en diferentes sentidos.
Tal situación, ha ocasionado desintegración social y barreras que dificultan su acceso a una mejor condición de vida. Además, esta discriminación se refleja en el ámbito laboral y en los accesos a la seguridad social.
Burguete Zúñiga argumenta que las y los adultos mayores tienen los mismos derechos que todas las personas en México. Lamentablemente, la realidad indica que los derechos de esta población en su mayoría son invisibles en la práctica; de ahí la importancia y el enfoque de que estos sean plasmados en la Constitución.
Se requiere que desde la norma suprema se refleje que los adultos mayores son titulares de derecho, no únicamente personas de un sector que necesitan ser atendidas. “De esta manera, se busca que en el marco jurídico las políticas públicas, la institucionalidad y los actos de las autoridades correspondientes, sean compatibles con estos derechos”.
La diputada del PAN expone datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que revelan que en el segundo trimestre de 2014, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más era de 33.7 por ciento; en los hombres es mayor (50.7 por ciento) que en las mujeres (19.4 por ciento) y su nivel disminuye conforme avanza la edad: casi una de cada dos personas de 60 a 64 años se inserta en el mercado laboral como personal ocupado o como buscador de empleo, y disminuye a 10.6 por ciento en aquellos que se encuentran en una vejez avanzada (80 años y más).
Esa misma encuesta demostró que tres de cada cuatro adultos mayores (74.3 por ciento) se insertó al mercado laboral bajo condiciones informales. Un análisis por edad de la población que se ocupa de manera informal, permite observar que son los adultos mayores los que perciben un menor ingreso: uno de cada tres (33.5 por ciento) gana hasta un salario mínimo y uno de cada seis (16.2 por ciento) no recibe ingreso por su trabajo.
Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) levantada en 2013, una cuarta parte de adultos mayores se encuentran pensionados (26.1 por ciento); porcentaje casi dos veces mayor en los varones (35 por ciento) que en las mujeres (18.5 por ciento).
Estas cifras en materia de empleo, pensiones y jubilaciones son una muestra de la precaria situación que deben enfrentar día a día las personas adultas mayores.
