Por eso, planteó Ralis Cumplido reformas al artículo 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro a fin de evitar que cualquier integrante de las fuerzas policiacas que haya participado en un secuestro y sido sentenciado por esta causa pueda volver a pertenecer a las corporaciones del orden.
Indicó que, en fechas recientes, se ha encontrado participación directa de estos servidores públicos en un 80 por ciento de los secuestros. Incluso, continuó, se sabe de la existencia de cárteles de policías dedicados al plagio, como el de “La Charola”, que está integrado por más de 6 mil 500 oficiales, los cuales actúan en todo el país.
“Tener a tantos elementos involucrados en casos de secuestro, ocasiona que las víctimas no se atrevan a denunciar por el temor a represalias, lo que genera impunidad para los secuestradores y les otorga la libertad para delinquir”, afirmó.
Ralis Cumplido argumentó que esa situación contribuye a que sólo uno de 43 secuestros sea denunciado. Tan sólo en 2005, participaban miembros de la policía en 2 de cada 10 secuestros y para el 2015 eran 8 de cada 10.
“La intervención criminal de las fuerzas del orden en este delito ha generado que los secuestradores tengan un alto grado de conocimientos para el manejo de sus víctimas, puedan reducir evidencias, complicar la identificación y hasta la propia captura”, denunció.
Además, continuó, las prisiones se han convertido en las oficinas de los secuestradores, pues desde adentro los reos que pugnan una sentencia por éste y otros ilícitos se encargan de planear y de llevarlos a cabo con apoyo de personas en el exterior, e incluso “hasta de los propios custodios, quienes les facilitan acceso a la tecnología, teléfonos celulares e información de las víctimas, que generalmente son familias dedicadas al comercio o a pequeñas empresas”.
El diputado Germán Ralis puntualizó que los miembros de las corporaciones policiacas son capacitados para proteger a los ciudadanos, pero la realidad es que existen elementos que utilizan estos conocimientos para delinquir y agredir a una población altamente expuesta y en desventaja.
En México, relató, el negocio del secuestro genera más de 540 mil millones de pesos al año. A este número se deben sumar los plagios exprés, es decir, los que no duran más de 24 horas. De acuerdo con el Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, A.C., mediante el programa de Denuncia Anónima se han logrado contabilizar 600 secuestros exprés por día, en los que el rescate varía entre los 7 mil pesos de efectivo, alhajas y teléfonos celulares.
Por ello, propuso cambiar el primer párrafo del artículo 18 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar que cualquier servidor público de las fuerzas policiacas que haya participado en un secuestro y sido sentenciado por esta causa pueda volver a pertenecer a las estas cooperaciones.
“No podemos seguir proporcionando entrenamiento y armas a los secuestradores. Debemos implementar controles más confiables que logren diferenciar entre los buenos policías y los que solo usan a la institución para delinquir. Necesitamos generar confiabilidad en las fuerzas policiales en todos los niveles”, abundó.
