Rodríguez Aguirre resaltó que los vehículos a motor liberan millones de toneladas de contaminantes a la atmósfera cada año, lo cual genera esmog y problemas de polución del aire. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los costos ambientales asociados a este fenómeno ascienden a 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, lo que equivale a 542 mil 283 millones de pesos, refirió.
Agregó que la Organización Mundial de Salud OMS señala que una reducción de la contaminación por partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por metro cúbico permitiría reducir, en aproximadamente un 15 por ciento, las muertes relacionadas con la calidad del aire.
Añadió que, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Energía, durante 2010, en el país, se emitieron a la atmósfera gases de efecto invernadero (GEI) equivalentes a 748 millones de toneladas de CO2 (MtCO2e), lo que representó un aumento del 33 por ciento respecto a las emisiones de 1990.
Por lo anterior, México requiere urgentemente de medidas legales, integrales, orientadas a la reducción de las emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y evitar en lo inmediato contingencias ambientales que paralicen las actividades físicas de las personas, las industrias y de transporte, señaló.
La legisladora propuso reformar diversas disposiciones de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y General de Cambio Climático, a fin de que la adquisición o arrendamiento de automóviles para transporte público o particular cumplan con estándares mínimos de eficiencia energética, con cero emisiones.
Además, para que se pueda contar con elementos técnicos mínimos que permitan transitar del uso de transporte de combustión interna al empleo de automóviles híbridos, eléctricos o de gas, lo cual abonará en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y sustituir el parque vehicular obsoleto y altamente contaminante por vehículos eficientes y sustentables.
Asimismo, se plantean reformas en materia de acciones de mitigación al cambio climático, a fin de incorporar la evaluación, el uso, fomento y fabricación de automóviles no contaminantes, particularmente los híbridos y los eléctricos, o los de gas.
También establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y los municipios, incorporen en sus acciones y políticas de mitigación la contratación de automóviles eléctricos e híbridos, así como los propulsados por gas.
Consideró que estos cambios permitirán optimizar los esquemas de transporte público y privado, a través del uso obligatorio de automóviles eficientes, sustentables y no contaminantes, “lo que nos ayudará a disminuir significativamente los gases de efecto invernadero”.
