Foros por excelencia de confrontación política las cámaras de Diputados y Senadores difícilmente se pueden sustraer a los vaivenes, entramados y circunstancias de los procesos electorales.
Ahí, como en la Guerra y el Amor, todo se vale.
Luego entonces la afirmación hecha anteayer por el vicecoordinador y vocero de la fracción priísta en San Lázaro, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín de que su bancada y aliados no permitirían que su cámara fuese convertida en circo electoral o ventanilla de las pasiones de poder de candidatos y partidos durante los comicios en curso, tuvo muy corta vida.
Y eso porque la segunda bancada en San Lázaro, la del PAN, declaró ayer la guerra al PRI al anunciar que presentará denuncia penal contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya por fraude, robo, malversación de fondos, abuso de autoridad y otros delitos por el estilo supuestamente cometidos durante sus 3 años de gestión al frente de la paraestatal.
Al anunciar lo anterior, el coordinador de los diputados federales del blanquiazul, el michoacano Marko Cortés vertió comentarios que tocaron directo al corazón político de la cúpula del Revolucionario Institucional y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Dijo:
“Ante la falta de acción… o pudiéramos decir: complicidad del PRI-Gobierno en la corrupción ocurrida en Pemex, queremos anunciarles que como Grupo Parlamentario presentaremos una denuncia contra Emilio Lozoya.
“Una denuncia para que no queden impunes los delitos cometidos, la corrupción cometida en detrimento de la empresa de todos los mexicanos.
“No podemos permitir que se quede, simplemente, con un borrón y cuenta nueva… nos sorprende y nos lástima que en la pasada reunión de priistas, donde conmemoraban su aniversario, fue recibido con aplausos, la persona que engrosó el corporativo, la persona que hizo contratos con sobreprecios, de casi el doble, en arrendamientos de vehículos; la persona que hizo convenios para tener aviones y helicóptero, que era para la vigilancia de que no hubiera robo de combustible, y que estos hayan sido usados de forma personal por el ex Director de la empresa y por los altos funcionarios.
“Nosotros estamos convencidos de que en México, ya no podemos permitir que un funcionario o muchos funcionarios públicos terminen, simplemente, liquidados y sin ninguna consecuencia por sus actos.
“Brasil nos está poniendo el ejemplo. En Brasil ya citaron hasta al ex presidente Lula; en Brasil ya hay 50 personas detenidas por la crisis de Petrobras y en México, simplemente, vemos una inacción por parte del PRI-Gobierno y, por eso, presumimos, que puede haber complicidad.
“Es por ello, que presentaremos esta denuncia contra Emilio Lozoya y contra los demás funcionarios que sean responsables.
“Será una denuncia, por supuesto, penal y además, será una denuncia en los diferentes ámbitos que nos permita que él tenga todas las sanciones administrativas posibles”, subrayó.
La obviedad indica que esta denuncia será motivo de innumerables intervenciones en tribuna en el Pleno de la Cámara de Diputados a donde, para comenzar a calentar el tema, los panistas ya citaron a comparecer a Luis Videgaray, secretario de Hacienda y a Pedro Joaquín Coldwell, titular de Energía.
El circo electoral o ventanilla de pasiones políticas de las que habló Ramírez Marín no se permitirían en San Lázaro.
Todo ello en transmisión directa a los ciudadanos que van a decidir con su voto a quienes escogen el domingo 5 de junio próximo para gobernar en 12 estados.
A LIMPIAR ARCHIVOS
Por lo pronto y como lo había anunciado el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín ayer se integró la sección instructora que la próxima semana dará curso a una subcomisión de Procedencia que atenderá las demandas de juicio político.
Al indicar lo anterior, el propio diputado Ramírez Marín explicó que el primer trabajo de estos comisionados será el de analizar unos 300 expedientes para determinar qué peticiones de Juicio Político han caducado o prescrito, o han muerto los personajes denunciados o proponentes, para dejar sólo aquellos que aún proceden.
Se supone que de todos los casos apenas una decena serán los que aún tienen vigencia.
Una vez realizada esta limpia, entonces se determinará el orden en que deben ser abordados.
Cada caso podría llevarse uno, dos o tres meses, o más, de acuerdo a su complejidad. Así que darles curso a los que lleguen podría trascender a la actual legislatura y pasar a la siguiente que entra en septiembre de 2018.
¡Ahhh!, por cierto, en este contexto el Juicio Político al gobernador veracruzano Javier Duarte, que es hasta hoy la última de la lista, podría ser atendido, ¿que le gusta? ¿2020?
Para entonces ya habrá prescrito porque sólo es válido hasta un año después de que concluya su mandato y él termina en diciembre de este año.
En este escenario cobra fuerza la propuesta del diputado del PES, Gonzalo Guízar, quien dice que iniciará la semana entrante una Comisión de la Verdad contra Javier Duarte.
Esta Comisión, como todas las integradas en otros países, trascendería el mandato de Duarte y lo investigaría durante los meses o años siguientes hasta definir su responsabilidad en las ejecuciones de periodistas, en la vinculación de sus colaboradores con el crimen organizado y en el desvió o mala aplicación de miles y miles de millones de pesos como lo ha documentado ya la Auditoría Superior de la Federación.
Interesante ejercicio, ¿no?
Por lo pronto, según lo ha señalado Guízar, ya se han apuntado a formar parte de esta Comisión Miguel Ángel Yunes Linares, candidato del PAN-PRD y exrectores y académicos de la Universidad Veracruzana así como intelectuales y empresarios.
DISCRIMINACIÓN RELIGIOSA
Por cierto, y ya que hablamos del Partido Encuentro Social, ayer también desde tribuna en San Lázaro el diputado Hugo Eric Flores, líder nacional del PES, presentó una iniciativa para reformar y adicional diversas disposiciones del Código Penal Federal, así como de la Ley de Asociaciones Religiosas para prohibir y sancionar la discriminación en México por razones religiosas.
El dirigente del PES señaló que a pesar de que la Constitución General de la República establece la libertad religiosa, en no pocas regiones y estados del país existe una creciente tendencia a la discriminación, abierta exclusión social o de plano el ejercicio de la violencia a quienes profesan religiones distintas a la tradicionalmente predominante en México.
Atender las reformas propuestas, indicó, es urgente dentro de una sociedad que vive una creciente diversidad religiosa lo cual hace que las acciones de discriminación o exclusión se conviertan muchas veces en amenazas a la convivencia pacífica de las personas.
Indicó que la Encuesta Nacional sobre la Discriminación muestra que el 80.4% de los mexicanos considera que hay discriminación hacia las minorías religiosas mientras el 21% se declararon víctimas de este problema.
El tema ha trascendido para llegar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU cuyos diagnósticos, señaló, han establecido que en México existe intolerancia y discriminación hacia la libertad de conciencia.
La propuesta fue enviada a la Comisión correspondiente para su análisis y dictaminación.
