Hernández Mora, solicitó que se inicie un programa de renovación que cumpla con los estándares internacionales, a fin de rendir un informe de las muertes registradas los tres últimos años dentro de los reclusorios y se emita un documento que explique el protocolo que se sigue al haber un deceso, de tal manera que se garanticen los derechos humanos de los internos.
Cabe señalar que el pasado mes de agosto de 2015 diputados aun electos del Grupo Parlamentario de Morena, solicitaron a la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno de la ciudad, permiso para visitar a cuatro reclusos que se encontraban concentrados en el Hospital de Tepepan, rehabilitándose de una huelga de hambre que habían iniciado semanas atrás.
La diputada Citlalli Hernández hizo hincapié en que el artículo 86 establece el derecho de los reclusos a recibir un trato respetuoso; y el artículo 84 estipula la prohibición de toda violencia física o moral que atente contra la dignidad humana de los reclusos.
Resaltó que hay hechos que violentan cada una de estas disposiciones desde el momento de su llegada, ya que los reclusos primerizos son desnudados, humillados, amenazados y además se ejerce violencia física y moral que atenta contra la dignidad humana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la visita del comisionado, James Cavallaro en octubre del año pasado, remarcó que los reclusorios mantienen patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida atención médica y falta de privacidad.
Destacó que existe una ausencia de oportunidades reales para la reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de los custodios y de la imposibilidad para presentar quejas ante un órgano que cumpla con estándares de independencia e imparcialidad.
Finalmente, sobre el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la diputada agregó que la sobrepoblación carcelaria es de 12 mil 883 personas, cuando su capacidad es de 5 mil 604, lo que representa una violación de los derechos humanos en materia de seguridad.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión Especial de Reclusorios para su análisis y dictaminación.
