“Necesario se expida la Ley General de Amnistía en favor de presos políticos y de conciencia, frente a las contradicciones que en el discurso de un gobierno que dice pugnar por la concordia, el desarrollo del país, y en los hechos demuestra lo contrario”, expresó.
El legislador chiapaneco pidió se reformara la fracción XII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar facultades al Congreso de la Unión y que éste pueda otorgar amnistías
“Una acción de estas características constituiría un acto de valor simbólico, pues además de comenzar a reparar el deterioro en el tejido social, provocado por conflictos en donde el Estado mexicano también ha estado involucrado y también es responsable, mostraría indicios de un cambio sustancial en la estrategia ampliada para dar solución a las distintas manifestaciones de crítica y resistencia al aparato institucional”, opinó.
El diputado federal de Morena destacó que un caso emblemático de esta clase de procesos judiciales marcados por el dolo institucional y la persecución política, es el de Nestora Salgado, jefa de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero, quién permanece presa solo por el hecho de haber encabezado a su comunidad contra el crimen organizado, fabricándole delitos inexistentes.
Santiago Rodríguez puntualizó la necesidad de reconocer la existencia de presos políticos en México para entonces comprender su condición de víctimas de procesos judiciales a menudo colmados de irregularidades, los cuales han sido desahogados aprovechándose de su desigualdad económica, social y cultural y obedeciendo a una persecución política que los criminaliza sin fundamento justo.
“Sabemos que presos políticos como Nestora Salgado, han recurrido a prácticamente todas las instancias legales para resolver sus casos padeciendo una y otra vez la negligencia de las autoridades competentes, quienes les han obstaculizado e impedido el acceso a su libertad y que por tanto la única salida posible para dar solución a estos agravios debe ser el resultado de una decisión política emanada de esta Cámara de Diputados”, aunó.
De igual manera, mencionó el caso del Dr. José Manuel Mireles Valverde, ex vocero y principal líder de los grupos autodefensa en Michoacán, quien en un fuerte operativo policiaco que incluyó la participación de agentes militares y policías federales y locales, fue detenido junto con otras 69 personas en La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, imputados por supuestas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, acusación a la que días más tarde se sumarían los cargos de posesión de marihuana y cocaína.
Sobre estas acusaciones, detalló que tanto la defensa legal de Mireles como varios testigos de los hechos declararían, ante el Ministerio Público, Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias internacionales de protección a los derechos humanos, que las armas habían sido plantadas y que el proceso de detención se había realizado con base en un uso excesivo de la fuerza, que incluyó amenazas, insultos, amordazamientos, robo de posesiones, amedrentamientos y múltiples golpes contra los aprehendidos, poniéndolos en delicado estado de salud.
Como se observa, en ambos casos los inculpados fueron conducidos a la cárcel mediante procesos judiciales plagados de anomalías y contradicciones, lo que queda en contradicción con el trato dado a la esposa y la madre del opositor venezolano preso Leopoldo López, al reunirse con Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores.
Al respecto, la diputada y Coordinadora de MORENA en San Lázaro, Rocío Nahle García, propuso trabajar en un consenso para que la Procuraduría General de la República, la procuradora Arely y el Secretario de Gobernación, Osorio Chong, reciban a los familiares de Nestora Salgado y del Doctor Mireles así como se recibió a los familiares del preso político venezolano.
