Intercambiaron ideas sobre cómo garantizar que la educación superior sea pertinente y de calidad, y las bases jurídicas que se deben establecer para la planeación, coordinación y evaluación de este nivel educativo.
Rafael Vidal Uribe, coordinador general de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, señaló que el modelo para la educación superior no está agotado, que sí se pueden evaluar los 35 mil programas educativos del país, porque se tienen los organismos, y si acaso, se tienen que crear algunos más.
Para ello propuso la creación de un órgano que agrupe a los organismos evaluadores, los regule y vigile que actúen íntegramente.
Vicente López Portillo, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, dijo que se necesita lograr que el Consejo que dirige tenga mayor solidez institucional, es decir, realizar investigación junto con instituciones de educación superior sobre lo que pasa en las acreditaciones y evaluaciones.
Abundó en que el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior y los organismos acreditadores deben ser sometidos a evaluación externa, de la misma manera que estas instituciones someten a las instituciones de educación superior.
Adrián Acosta Silva, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, señaló que los legisladores deben definir los conceptos básicos de calidad y pertinencia en la educación superior, porque hasta ahora no existe en el país.
Dijo que se ha sobrecargado al concepto de calidad de tantos significados, que resulta difícil hacerlo un concepto jurídicamente operable. En cuanto a pertinencia, tampoco se sabe a qué se refiere con este concepto, existe una ambigüedad.
Rodrigo Guerra Botello, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, comentó que México necesita una educación superior de mayor calidad, competitividad y se logrará sólo si existe una normatividad que coadyuve con esta finalidad.
No creo que una ley sobre educación superior, per se, vaya a convencer a la sociedad sobre la importancia de la calidad y la pertinencia, sino que junto con ese marco normativo se necesita un esfuerzo de concientización, desde los dirigentes de la educación, los gobernantes, funcionarios, alumnos y hasta los padres de familia, dijo.
Rocío Grediaga, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, refirió que la ley debe buscar que se cumplan con las compensaciones necesarias para que la igualdad de orígenes y puntos de partida desiguales sean equitativos, es decir promuevan la equidad.
También se pronunció por definir la función central de la institución o sistema de educación superior, porque existen distintas áreas, y se deben establecer regulaciones que reconozcan la diversidad social en el conjunto de las instituciones, porque éstas no son homogéneas.
Alejandro Canales Sánchez, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, dijo que la evaluación de la educación superior, que se realiza desde hace 25 años, es una función que vale la pena preservar en la legislación que se vaya a construir.
Pero se debe modificar porque en este tiempo que operó se confundieron los fines con los propósitos de la evaluación. Además, en la legislación se debe subrayar que el centro de “gravitación” es el alumno, y no tanto las instituciones.
