El punto de acuerdo, aprobado de urgente resolución, señala que la normatividad emitida por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), reconoce que una de las causas relevantes de abandono escolar está relacionada con malas condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento de las escuelas, consideradas inadecuadas para desarrollar con exito sus actividades educativas.
El Censo de Maestros, Escuelas y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) 2013, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), identificó el rezago físico de las escuelas, el cual revela que el 26 por ciento de los inmuebles educativos en el país no se construyeron con fines de enseñanza, y dos por ciento de los espacios están construidos con materiales ligeros y precarios.
El documento detalla que el Programa “Escuelas al CIEN” tiene el objetivo de mejorar la infraestructura física de los planteles educativos básico, medio superior y superior con cargo a los fondos obtenidos por la potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, que serán repartidos en 46 por ciento para desayunos escolares, apoyos alimenticios y asistencia social, y 54 por ciento se destinará a equipamiento y mejoramiento de los institutos de enseñanza.
El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (Nueva Alianza), promovente del punto de acuerdo, afirmó que para su grupo parlamentario la infraestructura escolar es un tema medular para asegurar un mejor aprovechamiento por parte de los alumnos, y garantizar óptimas condiciones para el trabajo docente. La renovación de infraestructura escolar es el mecanismo que garantizará la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación integral de los estudiantes.
Explicó que el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, prevé la creación de un grupo de trabajo para su cumplimiento, en lo relativo a la distribución de los recursos, y estará integrado por cinco servidores públicos de la SEP.
Asimismo, dijo, establece la posibilidad de invitar a representantes que tengan amplios conocimientos relacionados con las acciones de coordinación que plantea el convenio, y permita auxiliar al grupo en la toma de decisiones.
En tanto, el diputado Jorge Álvarez Maynez (Movimiento Ciudadano) estimó necesario que maestros, padres de familia y alumnos estén al frente de la toma de decisiones.
“Movimiento Ciudadano acompaña esta demanda de los representantes del Magisterio en esta Cámara: que los maestros jueguen un papel protagónico en la implementación de la reforma educativa, sólo así lograríamos que el discurso se convierta y se traduzca en acciones”, dijo.
La diputada Delfina Gómez Álvarez (Morena) consideró necesario superar los rezagos de la infraestructura educativa en nuestro país, y aclaró que estaría de acuerdo con la propuesta si promoviera la participación de directores, docentes, sociedad de padres de familia, porque realmente son ellos quienes conocen la realidad y las carencias de las instituciones educativas.
Lamentó el despido de 3 mil 660 maestros, y aseguró que lejos de mejorar la situación de nuestro país en la educación, “lo único que hacen es castigar y lacerar a nuestros docentes”; por lo que se pronunció en contra del punto de acuerdo.
Por el PVEM, diputada Jorgina Gaxiola Lezama mencionó que la educación en nuestro país se ha mantenido como un tema de relevancia no solo en los últimos años, sino que se trata de un asunto que preocupa y ocupa a la administración pública federal desde hace tiempo.
Precisó que no se opone a la participación proactiva del profesorado, “se hace un llamado para que los docentes le dediquen tiempo a las actividades dispuestas en el Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples”. Se pronunció a favor del punto de acuerdo para continuar con los convenios de coordinación y colaboración.
Por su parte, la diputada María Luisa Beltrán Reyes (PRD) consideró que la propuesta busca beneficiar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, dándole un respaldo político a este instituto para incidir en la designación de los recursos del fondo de aportaciones múltiples.
La propuesta, enfatizó, pretende beneficiar a un grupo específico y no a atender un problema, necesidad o reclamo social que debe ser el propósito de este instrumento legislativo, por lo que consideró votar en contra.
El diputado Juan Carlos Ruiz García (PAN) indicó que su voto sería a favor bajo la perspectiva de que haya una mejor toma de decisiones en materia de infraestructura educativa, y esto contribuya a los propósitos de la reforma en pro de la calidad de la enseñanza en el país.
“Así como hoy se propone que haya un representante del magisterio con derecho a voz en el grupo de trabajo del Fondo de Aportaciones Múltiples para la asignación de recursos para infraestructura educativa en las entidades de la República, nos gustaría que el magisterio participara de forma más decidida en mejorar sus capacidades de enseñanza, es decir, en los contenidos educativos y no sólo en las decisiones que tienen que ver con la distribución de los recursos”, refirió.
La priista Adriana del Pilar Ortiz Lanz anunció su voto en sentido positivo, ya que se privilegia la educación y permite la participación de todos los actores para que la infraestructura educativa sea atendida, pues representa una necesidad urgente.
Estamos convencidos que “Escuelas al CIEN” es sin duda la respuesta que México esperaba, la que padres de familia, alumnos, docentes y toda la sociedad querían. La respuesta que atiende y resuelve, demandas añejas de todos los grupos involucrados en la educación.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 3 de marzo, a las 11:00 horas.
