Entre las universidades con mayores desvíos reportados por la Auditoría Superior de la Federación se encuentran las Universidades Autónomas del Estado de México y del Estado de Morelos, comentó la Diputada Federal, Araceli Damián del grupo parlamentario de Morena. No sólo es que exista evidencia de los malos manejos de los recursos públicos en el reporte de la ASF sobre los recursos ejercidos en 2014, sino que este problema se ha estado presentando desde 2012, sin que al parecer la Procuraduría General de la República realice las investigaciones correspondientes y se finquen responsabilidades.
Por ello, la diputada Damián presentó un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal haga público el manejo de los recursos destinados a la “Cruzada contra el Hambre”, que fueron entregados a dichas Universidades. Asimismo consideró fundamental que la Procuraduría General de la República difunda el curso que se está dando a las investigaciones derivadas de la denuncias penales interpuestas en el mes de agosto del año pasado por la Auditoría Superior de la Federación respecto a malos manejos derivados del ejercicio presupuestal de los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Popular de la Chontalpa y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Presentándose los casos más graves en las dos primeras universidades.
Lo grave de este desvió es que en nombre de la llamada “Cruzada contra el Hambre”, se utilizaron recursos públicos con quién sabe qué intereses u objetivos, expresó la diputada. Aseveró que la ex Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, prácticamente firmó un cheque en blanco a estas instituciones, y continuó haciéndolo a pesar de haberse detectado las anomalías en el pago a supuestos proveedores para que realizaran servicios que nunca se ejecutaron, o los recursos fueron triangulados a empresas privadas. Damián afirmó que es necesario enfatizar que este programa está supuestamente dirigido a la población que sufre el mayor grado de pobreza en el país, no obstante, en este caso los recursos han ido a parar a cuentas bancarias de empresas fantasmas o bien que no realizan los servicios.
El modus operandi detectado por la ASF consiste en que dependencias federales, amparadas en el artículo 1º. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, canalizan recursos a las universidades al contratar servicios, y éstas subcontratan proveedores sin perfil requerido o empresas fantasmas. Por ejemplo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMOR), firmó un convenio el 6 de mayo de 2013 con la SEDESOL por 697 millones de pesos para abastecer de equipo a los promotores al interior de la ruta “Sin hambre”, una red de servicios de asesoría y desarrollo de un sistema de administración y seguimiento de los programas sociales. La UAEMOR subcontrató a su vez a cinco empresas –a pesar de que el convenio lo prohibía expresamente y que los contratos resultaron fraudulentos–, y presentó posteriormente las facturas a la Sedesol por un servicio que nunca se realizó. Damián apuntó que este monto es superior al recorte que el gobierno aplicará este año al ISSSTE.
Derivado de la revisión realizada, la ASF interpuso ocho denuncias penales ante la PGR en agosto pasado. Y también se sabe, dijo la diputada, que están involucradas otras dependencias, como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Secretaría de Economía (SE).
Ante el alto número de contratos que eluden las licitaciones, el organismo fiscalizador señaló que “persiste la práctica reiterada de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal realicen adjudicaciones directas con universidades u otros institutos de educación para la contratación de adquisiciones, consultorías y servicios, asesorías, ejecución de obras públicas, estudios técnicos y supervisión”.
De acuerdo con la Diputada Damián es lamentable que estas instituciones de educación superior se estén viendo involucradas en actos tan lamentables de corrupción, cuando tienen una función pública muy importante: la de educar. Este es un caso muy delicado, en tanto que, dos de las principales tareas del estado, educar y erradicar el hambre, están sirviendo para enriquecer el bolsillo de unos cuantos, agregó. Y ahora el gobierno nos viene a decir que “no alcanzan los recursos”, que “no hay manera de apoyar a las universidades públicas”, que se tienen que realizar recortes.
La diputada señaló que para Morena el tema de la educación y el alivio a la pobreza son prioritario, y ante la falta de compromiso del estado -y ahora de algunas malas universidades-, se quiere contribuir a que en México se amplíen las oportunidades para que los jóvenes puedan tener una educación universitaria pública y gratuita. Por ello, aseguró que las y los diputados de su partido seguirán aportando la mitad de su sueldo para evitar que al menos algunos de los jóvenes rechazados de las universidades públicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional, se queden sin la posibilidad de continuar estudiando.
