Confrontado a fines de la semana anterior por Reuters, agencia que emitió un reportaje en que expuso que 3 funcionarios de la Función Pública aprovecharon viáticos en sus viajes de trabajo para comer caviar, salmón ahumado, calamares y tomar champagne en lugares como Harrods en Londres, Virgilio Andrade, titular de la dependencia agradeció esta publicación.
Andrade, quien participó ayer como invitado al inicio de un Foro Sobre Corrupción en el Senado, indicó que de entrada quienes se excedieron en el uso de sus viáticos para aplicarlas en comidas ostentosas, ya no trabajan más en la SFP y además fueron obligados a restituir lo gastado.
La información, dijo, sirvió además para implementar un sistema de revisión de gastos más estricto así como la aplicación de un código de ética más rígido para ser aplicado por quienes laboran en esa dependencia.
Las medidas aplicadas, agregó Andrade, servirán sin duda de ejemplo y medida de contención para el resto de la plantilla no sólo en la secretaría de la Función Pública, sino en todas las dependencias del Gobierno Federal.
“Que esta experiencia sirva de lección para que todos los funcionarios públicos, especialmente de las Secretarias, se comporten con absoluta austeridad y sin ostentaciones, con independencia de los límites que ese establezca en los viáticos”, precisó.
Indicó que de entrada ha quedado claro que aquellos gastos que rebasen los límites de la austeridad, deberán ser devueltos, sin duda especialmente los que se usaron para bebidas alcohólicas.
IMPUNIDAD CASI ABSOLUTA
Previamente, y durante la inauguración del Foro Anticorrupción en el Senado, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal; de la SFP, Virgilio Andrade y el magistrado Manuel Hallivis Pelayo, presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa coincidieron en señalar que México vive una etapa de transición en la cual todavía impera la impunidad.
¿Cuál el tamaño de esa impunidad?:
– De 656 imputaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación entre el 98 y el 2015, sólo 19 concluyeron en consignaciones. Eso significa que el 97% quedaron impunes, se indicó.
Así, denuncia sin sanción, termina en impunidad.
Para darle fin a esta situación, indicaron, las leyes anticorrupción en curso de ser debatidas y aprobadas, dijeron, deberán incluir mecanismos de prevención, parámetros que definan el conflicto de interés, y valores éticos.
DECÁLOGO
En este contexto, dijo Andrade, será necesario aplicar 10 acciones:
– Clasificar las faltas en graves y no graves;
– Establecer parámetros de conflicto de interés;
– Visualizar a la corrupción con base en redes y no sólo en individuos;
– Trabajar en torno a los procedimientos relacionados con los juicios o los recursos en torno a actos de corrupción;
– Reflexionar sobre el régimen de sanciones, especialmente aquellas que tengan espejo en el ámbito penal.
– Contar con sistemas, registros e informes, particularmente, de declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés;
– Elaborar reglas de integridad y formar comités de ética;
– Establecer el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y de su Comité coordinador;
– Reforzar el Sistema Nacional de Fiscalización;
– Y realizar reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer con claridad el papel de la Secretaría de la Función Pública.
Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, destacó a su vez el valor de la fiscalización y urgió a sus compañeros de cámara a sacar ya las leyes pendientes.
Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que existe gran indignación social, porque se conocen actos de corrupción o desvío de fondos y nadie está en la cárcel por ello.
Y convocó a sus compañeros senadores a pedirle a la PGR explique por qué prácticamente ningún corrupto es sancionado.
El senador perredista Armando Ríos Piter, indicó que el Sistema institucional anticorrupción está lleno de “muy buenos deseos”, pero sin una ley que los haga viables.
El Contralor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal consideró que las políticas de integridad -valores éticos que rigen el comportamiento de los funcionarios- deberían ser una primera barrera contra la corrupción. Eso debe reforzarse con la aplicación de estrictos controles en cada dependencia, indicó.
Y aprovechó para aclarar que la ASF no es una fiscalía anticorrupción. Combatir este problema, dijo, también corresponde a otras instituciones, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, repartió.
El presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Hallivis Pelayo simplemente dijo que la corrupción es una espiral interminable que surge de la indiferencia y complicidad de los ciudadanos.
Se dijo esperanzado de que la aplicación del nuevo sistema anticorrupción tenga las herramientas anti-impunidad que realmente la inhiban.
CERO RESULTADOS
Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados pidió ayer a los miembros del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la PGR dejar de reñir, y avanzar sus investigaciones para presentar la verdad de lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Zambrano dijo que los Expertos deberían aplicarse más en su tarea y menos en las criticas hacia la PGR y la Procuraduría dejar de estar emitiendo comunicados e informes “engañabobos” que no conducen a nada.
El llamado, dijo Zambrano, se hace a año y 5 meses de los acontecimientos de Iguala que derivaron en el secuestro y desaparición de los 43 jóvenes.
La actuación de la PGR y el GEI mantiene a unos y otros entretenidos en confrontarse, pero no en dar respuesta a lo que todo México quiere saber: qué pasó con los 43.
“No hay conclusión”, dijo.
Los invitó a sentarse a platicar y a trabajar juntos, PGR y GEI, para encontrar la verdad en el caso.
Es necesario que lo hagan, precisó, porque hasta ahora hay muchas dudas y ninguna respuesta fiable porque como van no llegan a ninguna parte.
