Aseguró que esta es una medida urgente y necesaria a efecto de mantener los centros de reclusión del Sistema Penitenciario capitalino bajo control, y evitar hechos violentos como el ocurrido el jueves pasado en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde fallecieron 49 personas.
Dijo que de acuerdo a cifras oficiales, alrededor del 10 por ciento de los internos en el sistema carcelario de la Ciudad de México corresponden a delitos del orden federal como narcotráfico, secuestro y trata de personas, lo cual contribuye a la saturación y a los conflictos que se generan al interior de las prisiones de la capital del país.
Al respecto, mencionó que tan sólo durante el 2015 fueron ingresados al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México 30 internos provenientes de Centros federales. Respaldó la decisión del Gobierno capitalino de trasladar, ese mismo año, a un total de 142 reos de reclusorios locales a centros penitenciarios federales o de otros estados por seguridad institucional.
Precisó que de este total, 32 de los traslados fueron a Centros de Máxima Seguridad a cargo del Gobierno federal, mientras que 110 a reclusorios de otras entidades, principalmente porque ahí radicaban sus causas penales.
Reveló que además del riesgo que significa tener a reos federales en cárceles capitalinas, está el alto costo que representa su manutención, ya que de acuerdo a cifras del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en 2014 el gasto fue de más de mil 703 millones de pesos, en las 21 cárceles federales del país.
Adelantó que también solicitará al Gobierno federal un informe del programa de rehabilitación de las cuatro cárceles federales de alta seguridad que sufren un grave deterioro por el mantenimiento precario que han recibido.
Se trata de los Ceferesos del Altiplano, en Almoloya; Occidente, en Puente Grande; Noreste, en Matamoros; y Noroeste, en Tepic, que albergaban a 7 mil 568 reos, entre ellos muchos de los más peligrosos de México.
Mencionó que la Secretaría de Gobernación registró, a finales de 2014, un proyecto de inversión de 608 millones de pesos a dos años para 35 acciones de mantenimiento, que no se podrían ejecutar en condiciones ideales, porque las cárceles estaban llenas.
“El proyecto consideraba que debían llevarse a cabo trabajos en áreas muy sensibles para la seguridad del penal, como son las torres de vigilancia, muro perimetral, rondín de vigilancia, subestaciones eléctricas y almacén de residuos peligrosos” explicó.
También se alertaba que los cuatro Ceferesos han tenido que ser utilizados a pesar de que no se han realizado al 100 por ciento las adecuaciones físicas y actualizaciones tecnológicas requeridas para escalar las condiciones de seguridad de las instalaciones, debido a la presión que ejerce la carencia de espacios de reclusión.
