El objetivo, añadió, es revisar las condiciones de seguridad e higiene reales donde prestan sus servicios los trabajadores, y en las que, de detectarse presuntas violaciones, se instaura un procedimiento administrativo sancionador y se da vista a otras autoridades que resultan competentes, incluyendo en este último caso, situaciones que muestren una conducta que pudiera ser constitutiva de delito.
En el caso de Coahuila, menciona el informe, se instruyó a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, en coordinación con la Delegación Federal del Trabajo estatal, efectuar visitas de inspección en Parras Hidalgo, a fin de verificar la normatividad laboral de las empresas agrícolas.
La dependencia refirió que en la búsqueda de proteger los derechos del trabajador agrícola, la Ley Federal del Trabajo contiene el capítulo VIII, Trabajadores del Campo, donde se establecen obligaciones especiales que los patrones deben cumplir, entre las que se encuentran proporcionar habitaciones adecuadas e higiénicas para el trabajador y su familia y proporcionarles agua potable y servicios sanitarios.
El lugar de trabajo deberá contar con medicamentos, material de curación y antídotos necesarios, a fin de prestar primeros auxilios; otorgar de forma gratuita, trasporte cómodo y seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa, y brindar servicios de guardería a los hijos de trabajadores.
El pasado 15 de diciembre, la Cámara de Diputados solicitó a la STPS que, dentro de su esfera de competencia, desarrollara las acciones necesarias a efecto de prevenir y, en su caso, atender a través de los mecanismos que correspondan, las condiciones laborales y las denuncias hechas por jornaleros agrícolas en el estado de Coahuila.
Los legisladores argumentaron que existen casos, en donde trabajadores jornaleros son objeto de condiciones laborales que incumplen los requisitos impuestos por el marco jurídico que tutela el derecho al trabajo digno.
Con dicha solicitud, se buscaba atender una problemática que resulta en detrimento de los derechos laborales de un sector de la clase trabajadora mexicana, y que requiere ajustarse a extremos legales que permitan encausar el espíritu de su propuesta.