Además, les solicitó un informe sobre los avances del Programa “Escuelas al CIEN”, el cual tiene la finalidad de adquirir recursos para la consecución de los fines del INIFED, mismos que se obtendrán a través de la emisión de Certificados de Infraestructura Física Educativa (CIEN).
La diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) resaltó que las personas con discapacidad se encuentran en severas desventajas en relación a la educación.
Precisó que en el nivel de escolaridad, el 27.9 por ciento no tiene estudios; 45 por ciento terminó apenas un año de primaria; 13 por ciento ha concluido apenas un año de secundaria; 7.3 por ciento un año de educación media superior y solo el 5.2 por ciento alcanzó uno de educación superior. El 29 por ciento de las personas con discapacidad física son analfabetas.
De ahí la importancia del acuerdo, ya que “sin edificios escolares accesibles, las niñas y los niños con discapacidad no tendrán oportunidad de ejercer su derecho a la educación; si no tienen derecho a la educación no podrán aspirar a trabajos mejor calificados y no serán adultos independientes”.
Durante la sesión, el Pleno aprobó otros 13 dictámenes de la Segunda Comisión de la Permanente; uno de ellos, exhorta a los Institutos de Infraestructura Física Educativa de las entidades federativas, en colaboración con el INIFED, hacer público el contenido de los convenios de coordinación celebrados para ejercer recursos del programa “Escuelas al CIEN”; el tipo de obras y mejoras contenidas en los “Proyectos INFE” de los planteles del Registro de Escuelas Elegibles para los años 2015-2016 y 2017-2018.
También se exhortó a la Secretaría de Educación Pública, a rediseñar y fortalecer los planes y programas de estudio de educación física, así como los de formación docente, con el objetivo de atender los criterios internacionales sobre activación física. Asimismo, promover la creación y habilitación de mayores espacios deportivos en los planteles escolares con un enfoque especial en la inclusión de alumnos con discapacidad.
La senadora Anabel Acosta Islas (PRI) refirió que nuestro país vive una epidemia de obesidad, donde el 73 por ciento de los adultos y el 35 por ciento de los niños, niñas y adolescentes, tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en total 60.6 millones de personas se encuentran en esa condición. El sobrepeso como la obesidad son un problema multifactorial, por lo que debemos analizar todas aquellas alternativas que nos conduzcan a su prevención y combate.
Asimismo, se avaló exhortar a la SEP a revisar y, en su caso, actualizar el contenido de los libros de texto gratuitos para el próximo ciclo escolar, de manera que respondan a las exigencias de la educación en el país.
Igualmente, se aprobó solicitar a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y la de Educación Pública que, en coordinación con sus homologas estatales, garanticen la educación de calidad en el sistema de telesecundarias mediante equipos receptores y decodificadores necesarios para adaptarse a la transición digital terrestre.
Al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pidió remitir un informe sobre la implantación de planes de manejo de las zonas arqueológicas y revisar que se cumpla con los programas operativos anuales.
La Comisión Permanente se congratuló y emitió su más alto reconocimiento a los ciudadanos mexicanos Alejandro González Iñárritu y Gael García Bernal por los premios recibidos en la 73 edición de la entrega de los Globos de Oro. Asimismo, exhortó al Instituto Mexicano de Cinematografía para que informe sobre el estatus del “Programa de Estímulo a Creadores Cinematográficos”.
En otro dictamen, la Permanente exhortó al Poder Ejecutivo federal y al Senado de la República a valorar y, en su caso, firmar y ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para promover el ejercicio efectivo de éstos en el país.
La diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez (PRI) comentó que este Protocolo Facultativo brindará observaciones y recomendaciones sobre el respeto de los derechos por parte de nuestro país, permitiendo enriquecer y perfeccionar nuestra normatividad, y hace necesario promover y vigilar el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país.
A la Secretaría de Relaciones Exteriores se solicitó analizar la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores y, en su caso, valorar su pertinencia para recomendar al presidente de la República la adhesión de México a esa instancia.
En tanto, la senadora María Lucero Saldaña Pérez (PRI) resaltó la importancia de proteger los derechos humanos de las personas mayores, que enfrentan diversos problemas como abandono, discriminación, maltrato, violencia en todos sus tratos, desigualdad, negligencia, falta de acceso a muchos cuidados y a los servicios de salud en lo general.
Del mismo modo, se exhortó a la SRE para que a través de la Representación Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), se dé seguimiento a las labores de monitoreo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realiza periódicamente en la frontera sur de Estados Unidos sobre la situación de los derechos de los migrantes.
Además, se pidió al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Estado, redoblar esfuerzos para continuar promoviendo el intercambio comercial, cultural, social, académico y turístico entre México y Taiwán.
Se exhortó al jefe del gobierno del Distrito Federal a informar sobre los acuerdos cumplimentados con la Embajada de Azerbaiyán para fortalecer las relaciones diplomáticas.
La Permanente se sumó a la condena de la comunidad internacional contra el ensayo nuclear efectuado por la República Popular Democrática de Corea, e hizo un llamado a los parlamentarios de países poseedores de armas nucleares, a adoptar medidas para reducir el riesgo de detonaciones e incorporar la dimensión humanitaria a las discusiones relativas a la existencia y uso de estas armas.
En otro acuerdo, la Permanente rechazó cualquier acto encaminado a criminalizar la protesta social pacífica y la utilización de la fuerza pública para callar voces opositoras, y expresó su total rechazo al uso indebido del erario público. Además, hizo votos para que el proceso que enfrenta la diputada del Parlasur, Milagro Amalia Ángela Sala, por parte de la justicia de la Provincia Argentina de Jujuly, se realice con total respeto a sus derechos humanos.
