A un cuarto de siglo de existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a cargo de Luis Raúl González Pérez, estamos reprobados en materia de derechos humanos por su violación generalizada por los vicios de las autoridades federales, estatales y municipales. La CNDH actúa de manera limitada en la materia.
En los hechos el trabajo de la CNDH deja mucho que desear, pues, se observa que solamente se enfoca en los asuntos mediáticos, por lo que en los asuntos “chiquitos” que cotidianamente sufre la ciudadanía en las instituciones, en donde “hay una desventaja y estamos atorados”.
Con un presupuesto de casi mil 500 millones de pesos ejercidos en 2015, a la CNDH se le acusa de opaca, por lo que el legislativo exigió una mayor transparencia en la información que se genera y saber hacia dónde se destinan sus recursos. Además se sugiere una reforma constitucional para hacer obligatorias las recomendaciones con sanción para las autoridades responsables.
A cuenta gotas, la CNDH, a cargo de Luis Raúl González Pérez, dio información sobre las quejas de los últimos cinco años, entre 2010 y 2015, que ascendieron a 55 mil 762, pero no proporcionaron cuántas de estas fueron aceptadas como quejas y en cuántas se emitió recomendación a las autoridades responsables.
Tampoco proporcionó la información de cuáles dependencias encabezan la lista de las quejas ciudadanas.
La CNDH, en su acumulado por autoridades responsables en el 2012, señala a las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Educación Pública, Salud, Relaciones Exteriores, Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Trabajo y Previsión Social, a la PGR, al IMSS, al ISSSTE, a la CFE, Profeco, Comisión Nacional del Agua, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otras muchas dependencias.
La misma CNDH, en su acumulado por hechos violatorios del 2012, refiere que los quejosos acusan a las autoridades por prestar indebidamente el servicio público; faltar a la legalidad, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; omitir proporcionar atención médica; prestar indebidamente el servicio de educación; negligencia médica; intimidación; retención ilegal; omitir suministrar medicamentos; acciones u omisiones contrarias a los derechos a las personas privadas de su libertad, entre otras muchas violaciones.
René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, opinó que se ve una connotación de la violación general de los derechos humanos en ciudades como Cuernavaca, Acapulco, las de Tamaulipas, y no se diga en contra de los reporteros, y el lavado de dinero está muy relacionado con la violación de derechos humanos.
En Tamulipas, dijo, es una de las entidades federativas en donde el mayor número de reporteros han sido desaparecidos o eliminados y eso te da la imagen no solamente de que el crimen organizado elimina a la prensa, sino que las autoridades federales y estatales no intervienen.
Refirió que el gobierno veracruzano actual, al frente de Javier Duarte de Ochoa, viola los derechos humanos, y así lo vemos no solamente a nivel del crimen organizado, sino a nivel inclusive de protesta social en donde los indígenas y los pueblos han tenido que organizarse para auto defenderse como Néstora Salgado que ha sido reprimida y encarcelada.
Consideró que vamos a ser reprobados en materia de derechos humanos, de hecho ya estamos reprobados, pero con la evaluación de Naciones Unidas se va a confirmar la reprobación.
Indicó que el binomio, corrupción e impunidad alimenta la violación de los derechos humanos, por eso se hace el lavado de dinero del Chapo Guzmán a nivel de empresas de cambio de dólares, en donde están metidas empresas licitas de renombre, pero eso no se quiere investigar en México, y esa es violación de los derechos humanos, insistió.
En la violación de derechos humanos, el actuar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “ha sido muy limitado”, ha actuado en pocos casos, pero por ejemplo, en los grandes casos sistemáticos de desaparecidos en el país como una forma del Estado de los tres niveles de gobierno federales, estatal y municipal, generan el miedo entre la población para que aguanten todas las atrocidades que están pasando desde hace más de 30 años y todo eso se conjunta la corrupción, la impunidad y la violación de los derechos humanos.
Hay que exigir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como medios de comunicación, académicos y ciudadanos, que funcione para la defensa de nuestros derechos humanos, y para eso hay que empezar a organizarnos desde abajo, porque desde arriba no funcionan.
En algunas ocasiones ha funcionado, pero en los casos fuertes, fundamentales ha sido poca su actuación y no hay que dejar que sea un parapeto, hay que hacerla funcionar, insistió.
Señaló que a través de la CNDH se debería de conocer todo el trayecto del dinero del crimen organizado y actuar en contra de esos empresarios que se han servido y han servido para que el dinero de estos delincuentes se multiplique para los delincuentes, y qué funcionarios están metidos en esos negocios, sin volverse procuraduría, pero sí hacer acciones que permitan una mayor defensa de los derechos humanos.
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le falta para ser una verdadera comisión, pese a los años que lleva funcionando, y debería moverse más. Determinar si hay confianza o no, es quedarnos cortos, es una alternativa que mucha gente ha utilizado, añadió.
MIGRANTES CENTROAMERICANOS SUFREN EXTORSIONES, ROBOS POR PARTE DE LAS POLICIAS Y EJÉRCITO
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho su mejor esfuerzo con problemas que venimos arrastrando de muchos vicios en las instituciones, y ha hecho lo posible para apoyar a la gente cuando así lo requiere, dijo la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Ana Leticia Carrera Hernández.
En relación a las quejas que presenta la ciudadanía, la legisladora perredista apuntó que la CNDH recibe de ciudadanos con fundamento y hay otros sin fundamento ni motivación de derechos humanos, que en otras instancias ya les dijeron que no tienen razón.
Señaló que hay gobiernos estatales que no le hacen caso a las recomendaciones de la CNDH ni a las estatales, porque se carece de una sanción.
Informó que las dependencias del sector salud como el IMSS, ISSSTE y la misma Secretaría de Salud, son las que tienen más quejas por violación de derechos humanos.
Los migrantes connacionales cuando vienen de Estados Unidos a México, “(las autoridades” los ven pasar y quieren sacarles lo poco que pudieron ganar”, añadió la legisladora, quien, reconoció que la CNDH y la legislación tienen un pendiente de protegerlos.
Las personas que vienen de Centroamérica en el tránsito por nuestro país, “de acuerdo a expedientes, sufren extorsiones, robos y muchas cosas, por parte de policías, incluso hay muchos que acusan al mismo ejército y policías municipales, sí es grave; todo mundo los ve no para ayudarlos, sino para ver qué les saca”.
Carrera Hernández recordó que la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados atiende a nuestros connacionales y a los que sufren mucho al pasar a Estados Unidos. Esa misma instancia ve el asunto de cubanos a quienes ya se les dio permiso para llegar a Estados Unidos.
Dijo que las dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con el IMSS, la Policía Federal y la SEP trae una fuerte carga.
Calificó como de muy grave el bullying, el cual muchas veces no es atendido por los directivos y maestros de las escuelas de manera adecuada, entonces la gente se siente en estado de indefensión.
En relación a las violaciones a menores de edad por personal educativo y que llegan como quejas a la CNDH, la legisladora declaró que es un asunto penal que debería de atender la legislación y las autoridades federales, aunque no siempre se tienen las agencias especializadas para atender a los menores de edad.
La diputada perredista precisó que en la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no revela una estadística real, por lo que, aseguró, “vamos a trabajar en su transparencia para apoyar y crear una estrategia y mejorar la atención de los derechos humanos en México”.
Dijo que el PRD propondrá en el próximo periodo de sesiones reformas constitucionales para volver obligatorias las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y que imponga sanciones a los servidores públicos responsables, así como obligar a las instituciones a respetar los derechos de los ciudadanos.
Expresó que a la mejor sí nos enteramos de los asuntos mediáticos que causan mayor revuelo y se les da más atención por medios, pero “también atiende los chiquitos, lo que cotidianamente sufre el ciudadano en las instituciones”.
Admitió que los asuntos chiquitos no se litigan en los medios y quedan en desventaja. Todo lo que sube a medios claro que todo mundo atiende, todo mundo checa, todo mundo se mete y a ver cómo resuelve, pero lo que cotidianamente pasa no sube a medios y ahí es en donde estamos atorados.
En la CNDH debe de haber una “mayor transparencia para que sepamos realmente como se aplican los recursos asignados, para que todo mundo sepa qué es lo que está pasando”, enfatizó la legisladores.
En el PRD, continuó, hacemos nuestro mejor esfuerzo para apoyar a los ciudadanos y que se respeten sus derechos fundamentales; nos importa mucho el asunto de los niños, de las mujeres, de la desaparición forzada, los migrantes”, concluyó.
