Carecían de ésta antes de llegar a México y han profundizado en la carencia de la misma como supuestas “expertas”, que deberían contribuir a terminar de aclarar la masacre de Iguala, cuando han hecho todo lo contrario: enturbiarla, torcer los hechos, encubrir culpables y apuntar contra inocentes.
El 21 de diciembre de 2015 en conferencia de prensa informamos que el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, el héroe que recuperó en 1985 el Palacio de Justicia de Colombia de garras del grupo terrorista M-19, había sido liberado por la máxima autoridad judicial de ese país, tras de absolverlo. Pero el militar ya había pasado 8 años y medio preso por un delito que no cometió, del que se le acusó como parte de una venganza de los terroristas y sus amigos.
¿Quién acusó al Coronel con base en testigos y pruebas falsas? La ex fiscal Ángela Buitrago. El 12 de enero de 2016 el Coronel Plazas vino a denunciar a esta prevaricadora, a esta violadora de derechos humanos, ante la sociedad mexicana.
Antes, el 17 de noviembre de 2015, la ex fiscal de Guatemala, Gilda Aguilar vino a México a denunciar que su ex jefa, entonces Fiscal General de Guatemala (2010-2014), Claudia Paz y Paz, la había perseguido por intentar aplicar la ley contra grupos violentos. Es más, Paz podría estar implicada en el intento de asesinato que sufrió la valiente y honesta Gilda, perpetrado por los mismos a los que intentó aplicar la ley y a quienes Paz protegía.
Es inadmisible que 2 consumadas violadoras de derechos humanos“auditen” la investigación sobre la masacre de Iguala. Absurdo e ingenuo esperar de ellas verdad y justicia. Y si alguien lo dudaba ahí está su conducta frente al caso: falsedades para tratar de echar abajo la investigación de la PGR, sucias insinuaciones contra el Ejército sin la menor evidencia, encubrimiento a los responsables de enviar a los normalistas directamente al matadero.
Ellas jamás debieron llegar aquí; tienen que irse ¡ya!
