“El ejercicio constituyente de la Ciudad de México puede ser modelo y ejemplo para el país en su conjunto y sentar las bases para una reflexión pendiente de cara al Centenario de la Constitución de 1917. Tendrá todas las posibilidades de concentrar un ordenamiento jurídico de avanzada, y marcar ejemplo con una visión acorde a la modernidad y las condiciones generales de una ciudadanía cada vez más participativa, exigente, que sabe convivir en la pluralidad y que se ha ganado derechos y libertades”, enfatizó el legislador federal.
Indicó que una vez que la declaratoria de Constitucionalidad sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el Gobierno de la República, el Instituto Nacional Electoral tendrá 15 días de margen para lanzar la convocatoria destinada a conformar la Asamblea Constituyente, responsable de redactar la Constitución bajo la cual se regirá el gobierno de la entidad 32 del país a partir del año 2018.
El también Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recordó que conforme a la calendarización aprobada por el Legislativo federal, el nuevo órgano encargado de elaborar la Constitución será designado en junio para iniciar funciones el 15 de septiembre y concluir las discusiones el 31 de enero del 2017, de manera que el nuevo ordenamiento entre en vigor en septiembre del 2018.
“Esta, afirmó, será la concreción de un esfuerzo de años que -sin duda- forma parte del acuerdo político y de consultas a diferentes entes del gobierno, la política, la academia y la sociedad civil que con sus puntos de vista y su aval dan firmeza a las fuerzas progresistas de la capital mexicana, siempre abiertas al diálogo y la propuesta, sin vulnerar los derechos de la gente y, por el contrario, dándole las condiciones para decidir por sí misma sobre su futuro y el de sus familias, con la convicción de que se les debe tratar como iguales, no como habitantes ‘de segunda´ en este país”, aseveró.
Modificar el estatus constitucional de la Ciudad de México, subrayó Jesús Zambrano, es un hecho que trasciende más allá de la expedición de un ordenamiento constitucional para la capital, porque implicará reconocer que todas las entidades que forman parte del pacto federal tienen los mismos derechos políticos, mientras que para la administración capitalina debe representar un incentivo para perfeccionar las instituciones y los servicios que presta, fortalecer la representación política y consolidar los instrumentos de retroalimentación con la ciudadanía.
Ahora, añadió, tendremos un esquema de competencia igual que todos los demás estados, conservando su rango de capital de la República y sede de los poderes federales, concretó.
