Además, continuó, la impunidad es otro elemento que impide a las empresas mexicanas lograr un mayor avance competitivo, por la desconfianza que puede provocar.
En entrevista, el legislador por Tabasco sostuvo que detectar y castigar prácticas deshonestas son aspectos que todos los sectores deben atender, ya que es el principal problema que tiene el país. “Es un asunto a resolver”, advirtió.
“La corrupción obstaculiza cualquier actividad productiva, aunque se tenga un marco jurídico adecuado, porque si la gente que lo va a aplicar no lo hace como debe, sencillamente no funciona y no se logran los objetivos para el que fue creado. Claro que este mal sí frena la competitividad general del país”, reiteró.
No obstante, afirmó que las empresas mexicanas han avanzado en alcanzar los estándares de competencia en el mercado internacional, y descartó que esto sea una utopía para los empresarios y hombres de negocios; por el contrario, aseguró, existen varios programas presupuestales que tienen ese propósito.
El esfuerzo más reciente, indicó, es la Ley de Zonas Económicas Especiales, con la que se pretende desarrollar regiones muy específicas del país, sobre todo en el ramo industrial, en el sur-sureste.
La normatividad legal es perfectible, dependiendo de las condiciones que se vayan presentando en el proceso productivo, por lo que no debe descartarse ajustarlas, de manera gradual, a las necesidades que surjan, comentó.
Actualmente, explicó, “el marco jurídico es correcto y adecuado, pero perfectible para acceder a más competitividad”; además, promueve la competencia, en particular de la micro y pequeña empresa.
Peralta Grappin sostuvo que “el reto más grande es lograr que la competitividad impacte de manera directa en mejorar la vida de la gente, porque si no va acompañada de un desarrollo social no tiene ningún sentido impulsar proyectos competitivos, si no se reflejan en el bienestar de la población”.
