El dirigente de Morena en la capital del país, Martí Batres Guadarrana, comentó que será “una lucha política”, pues el único que tiene la capacidad de, incluso, abrogar el reglamento es el mandatario capitalino.
Acusó que las multas establecidas en el Reglamento de Tránsito están vinculadas con el contrato de la empresa Autotraffic, que recibirá 46% de las ganancias de las fotomultas y que es dicha sociedad mercantil quien está asumiendo las funciones de la policía de Tránsito.
“El problema es que el gobierno del Distrito Federal está usando una legítima preocupación de diversos núcleos de la sociedad para meter de contrabando un negocio privado. El propio gobierno del DF echó a perder ese reglamento”, expuso al preguntarle si Morena no veía ningún avance en el Reglamento de Tránsito de la ciudad de México.
Al presentar los cinco temas que el partido de Andrés Manuel López Obrador impulsará en 2016, Martí Batres dijo que acudirán a la sede del Gobierno del Distrito Federal (GDF) para presentar la petición formal de dar marcha atrás a las nuevas normas viales y empezarán una campaña de difusión. “Es un negocio privado a costa del erario”, dijo.
El 15 de diciembre de 2016 entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito del DF, donde se incrementan las sanciones económicas a las infracciones cometidas por automovilistas con la finalidad, han asegurado las autoridades, de reducir las muertes provocadas por accidentes viales.
Para infraccionar, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) aplica fotomultas, a través de la empresa Autotraffic, quien hizo la inversión del equipo. Esto ha sido cuestionado por legisladores locales. Los asambleístas del PRD solicitaron un balance de la aplicación del nuevo reglamento a la secretaría, mientras que los legisladores de Morena anunciaron que pedirán la comparecencia de su titular, Hiram Almeida.
Los otros puntos que impulsará Morena son las escuelas en las delegaciones donde gobierna, que se amplíe el número de apoyos a los adultos mayores y construir una propuesta alterna de Constitución Política de la ciudad de México para impedir, dijo, el riesgo del retroceso en materia de derechos sociales y humanos en el DF, en la Asamblea Constituyente.
