La SRE deberá indicar los efectos del recorte anunciado por el Departamento de Estado de EUA al presupuesto de ese instrumento de colaboración, así como la respuesta del Estado mexicano a las preocupaciones de Washington en torno a la situación de los derechos humanos en el país.
A través de un dictamen con punto de acuerdo, aprobado el pasado 8 de diciembre, el Pleno del Senado pidió al Ejecutivo federal que considere las preocupaciones y propuestas expresadas por diversos actores de la sociedad mexicana y de expertos internacionales, a efecto de incluirlas en la evaluación de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia organizada.
El dictamen explica que el Congreso estadounidense decidió reducir 15 por ciento los fondos federales asignados a la Iniciativa Mérida, debido a que México no había logrado alcanzar algunos objetivos en materia de protección a los derechos humanos, y por “presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluyendo la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero en 2014”.
Se agrega que el Departamento de Estado de EUA ha hecho público el informe anual 2014 sobre derechos humanos, en el que se evidencia que México atraviesa “una crisis grave en esa materia”, lo que también documentan organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, diversos relatores y grupos de trabajo temáticos del propio sistema de Naciones Unidas.
Se señala que el gobierno mexicano rechazó cualquier práctica unilateral que juzgue la situación de los derechos humanos en un país.
Se recuerda que desde 2008 la IM constituye el mecanismo de cooperación más importante en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, que mediante un esquema bilateral no asistencialista permite fortalecer y complementar los esfuerzos internos en el combate a la delincuencia organizada transnacional.
La IM incluye compromisos de acción de cada uno de los gobiernos como transferencia de equipo, tecnologías y capacitación para México, y está documentado que, desde 2008, el congreso estadounidense condiciona los recursos asignados a la observancia de ciertos estándares de derechos humanos.
Es por ello, que los senadores consideraron necesario que la SRE abunde en explicar las implicaciones que tiene la reducción de fondos de la Iniciativa Mérida.
Del mismo modo, que el Ejecutivo federal considere las preocupaciones y propuestas expresadas por diversos actores de la sociedad mexicana y de expertos internacionales, a efecto de incluirlas en la evaluación de la estrategia de seguridad y combate a la delincuencia organizada.
