La diputada oaxaqueña subrayó que no obstante que la Ley Agraria reconoce al ejido y a la comunidad como núcleos del sector social en el campo mexicano, estas figuras no se reconocen en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un elemento significativo en los procesos de planeación del desarrollo e incluso, son limitadas a un papel de consulta y de agentes propositivos.
De acuerdo con el censo Agropecuario del 2007, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen en la República Mexicana 31 mil 514 ejidos y comunidades, sumando poco más de 105 millones 948 mil 306 hectáreas; cifra equivalente al territorito de Venezuela.
La legisladora del sol azteca agregó que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25, párrafo séptimo reconoce al ejido y a la comunidad como parte fundamental de la actividad económica del sector social, esta condición no se cumple a cabalidad en las normas secundarias.
Por ejemplo, el artículo 20 de la Ley de Planeación señala que se consultará a diversos grupos sociales –como obreros, campesinos, pueblos y grupos populares, instituciones académicas, profesionales y de investigación- para la elaboración, actualización y ejecución de los planes y programas a su cargo.
Y aunque, explicó Cruz Molina, se puede suponer que al mencionar a las organizaciones representativas de campesinos y pueblos se incluye a los ejidos y comunidades, el no ser explícito en la legislación da lugar a diversas interpretaciones y en la práctica a “limitar la participación en los procesos de planeación del desarrollo a estos grupos sociales”, a pesar de que, sin lugar a dudas, conforman un núcleo fundamental en el tema.
“Esta iniciativa pretende fortalecer la figura del ejido y la comunidad incorporándolos directamente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de facultarla para que su papel en los procesos de planeación del desarrollo rural sustentable, tenga una mayor presencia”, expuso Eva Florinda Cruz en su iniciativa que deberá ser dictaminada por las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y Reforma Agraria.
