Durante su primer informe de labores al frente del máximo tribunal del país, añadió: “La justicia no es un accesorio de la convivencia; no es una labor burocrática; impartición de justicia es un elemento fundamental de la convivencia social y del Estado democrático de derecho. La justicia es el mejor antídoto contra la violencia”, es la que se guía por la norma, la prudencia, por el estudio y la serenidad, sostuvo al rendir su primer informe de labores.
Acompañado de los ministros de la SCJN, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como invitados especiales el presidente Enrique Peña Nieto; los presidentes de las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, Jesús Zambrano y Roberto Gil Zuarth, respectivamente; así como miembros del gabinete presidencial, Aguilar Morales declaró:
nuestra casi centenaria constitución “sigue brillando como el faro que debe regir la convivencia social y que debe regir los actos de gobierno”.
Nada puede estar por encima de la ley, nada puede estar por encima de los derechos que reconoce, nada puede interponerse entre las personas y sus libertades.
Por otra parte, Aguilar Morales dijo que a tan sólo 191 días para que, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, se implemente la reforma penal (juicios orales) en todo el país, el Poder Judicial de la Federación contará para el mes de junio próximo con 86 salas de juicios orales, al menos una en cada entidad con lo que se estará en condiciones de implementar en tiempo y forma el nuevo sistema penal acusatorio.
Para tal efecto, añadió, se cuenta con 220 jueces especializados en el nuevo sistema, “suficientes para cubrir el requerimiento estimado” para 2016.
Sin dar mayores detalles, Aguilar señaló que en materia de disciplina, como consecuencia de quejas, denuncias y procedimientos disciplinarios de oficio, en este año fueron sancionados por la Comisión de Disciplina y por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal 55 servidores públicos adscritos; de los cuales 23 son magistrados y jueces y 32 personal subalterno.
Las sanciones a jueces y magistrados van del apercibimiento hasta la inhabilitación por 10 años, de éstos tres juzgadores fueron inhabilitados, indicó.
Agregó que se castigará “con toda energía” toda conducta que sea contraria a valores éticos, legales y judiciales a los que deben sujetarse los juzgadores. “Que quede claro: en el Poder Judicial de la Federación, no hay ni habrá espacio alguno para la corrupción”.
