Es que no puede ser verdad tanta mentira. No puede ser cierta tanta simulación. No pueden ser sinceras tanto doblez e hipocresía. México, el imperio de la mentira, la simulación, la hipocresía de la clase política gobernante que sólo ve en el poder una alternativa de negocios y principalmente sucios. El fin justifica los medios.
Algo se sospechaba en las versiones mañosas del gobierno, en las de aquel procurador general que fue mandado al carajo muy cansado. Increíbles las versiones gubernamentales sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, por lo cual está preso el presidente municipal de entonces y su mujer, a quienes, no lo dude, un día no lejano los van a dejar libres por falta de pruebas de ser los autores intelectuales de la desaparición de los muchachos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, contratado por la OEA, para investigar el caso Ayotzinapa señaló que, al analizar fotografías satelitales, se concluye que sí hubo un incendio en Guerreo, por aquellos días de septiembre de 2014, pero no en el basurero del municipio de Cocula como lo declaró el señor Jesús Murillo Karam, de acuerdo “con declaraciones” de los supuestos autores de la matanza. Qué terrible es esto. Quién cree en el gobierno. Imposible que haya credibilidad en las autoridades.
El GIEI informó que, de acuerdo con imágenes satelitales y un estudio meteorológico, entre los días 26 y 27 de septiembre de 2014, que fue cuando los estudiantes fueron secuestrados y desaparecidos, llovió en el municipio de Iguala y no se registró ningún incendio en Cocula. Carlos Beristain, Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, integrantes del GIEI, aceptaron formular una serie de preguntas escritas para que sean las autoridades competentes las que realicen la ampliación de la declaración de militares del 27 Batallón de Infantería; sin embargo enfatizaron que, si no están presentes, no “podrán evaluar la calidad de la información”.
Al dar a conocer los primeros avances de la segunda parte de su mandato indicaron que, a petición del GIEI, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó un estudio a un centro especializado en meteorología para la zona Iguala-Cocula, entre los días 26 y 27 de septiembre del año pasado, que indica que en el primer municipio antes mencionado sí hubo precipitación pluvial, en tanto que en Cocula no se consiguieron registros pero “las imágenes de nubes muestran un perfil similar”.
En cuanto al posible incendio en el basurero de Cocula, como lo señalaron algunos de los detenidos y que luego el ex procurador Jesús Murillo Karam sostuvo, el GIEI enfatizó que, al analizar fotografías satelitales, se concluye que sí hubo un incendio en el estado de Guerrero pero no en el basurero de Cocula.
El GIEI ratificó sus conclusiones y afirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. El equipo aseguró que sus conclusiones están bien sustentadas con la investigación de José Torero. Además, mantienen su hipótesis que describe que los jóvenes de Ayotzinapa no iban a Iguala a sabotear el evento de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde José Luis Abarca. Así lo difundió la presidenta de la Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, la panista Guadalupe Murguía, después de un encuentro que tuvieron los legisladores con el grupo de expertos. “Consideran que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula y que los normalistas tampoco fueron a Iguala a generar un sabotaje, o alterar el informe de la señora Abarca para evitar que se hiciera un pronunciamiento político para postularse como futura presidenta municipal, y obedeció a circunstancias más aleatorias”, comentó Murguía.
Dijo que el equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la versión que dieron el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y su procurador, Iñaki Blanco, de que no habían sido buscados para integrar sus declaraciones en las conclusiones y precisaron que fueron ellos quienes cancelaron las citas.
Los expertos comentaron que las conclusiones a las que llegaron fueron con base en las hipótesis de la PGR, visitas a la zona del incidente y exámenes periciales. Murguía también comentó que el grupo de la CIDH señaló que sus informes se soportan por argumentos técnicos, jurídicos, científicos y lógicos. Los analistas rechazaron que estén buscando un enfrentamiento con el gobierno federal y lamentaron que se haya politizado el tema.
“Ellos participan porque se les invita y se les ofrece apertura en la información y con base en eso poder coadyuvar como Ministerio Público, por eso han insistido que les proporcionen información de inteligencia o las sábanas de llamadas telefónicas de los que estuvieron involucrados, pero aún no las tienen; son conscientes que en estos hechos ha habido declaraciones de carácter político”, comentó la legisladora, quien aseguró que los expertos buscan darle continuidad a unas líneas de investigación abiertas y trabajar de cerca con la PGR. Dijo que no ha habido bloqueo de parte de las autoridades para otorgarles información.
Interesante que la Procuraduría General de la República (PGR) aceptara las 10 nuevas líneas de investigación que propuso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas. Durante la reunión privada entre funcionarios federales, encabezados por la procuradora Arely Gómez, con padres de los estudiantes desaparecidos, integrantes del GIEI y el abogado Vidulfo Rosales, la PGR les informó que la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa ya trabaja y la investigación ya no se centra en la incineración de los normalistas en el basurero de Cocula.
Entre las propuestas del GIEI está realizar nuevos cateos y evaluar diversos lugares con base a la información proporcionada en la que se consideran trayectos y lugares a los que pudieron ser conducidos los normalistas. Otra de ellas se centra en el posible trasiego de estupefacientes en el llamado quinto autobús, la ampliación de las declaraciones de militares, pero éstas serán por medio de las autoridades correspondientes El GIEI propuso también evaluar la información que se tenga de los teléfonos tanto de los normalistas como de los detenidos; investigar el manejo y control del C-4; que se tomen declaraciones a otros policías municipales; agregar al expediente los informes de inteligencia que existen; ampliar la investigación financiera de los inculpados.
