Planteó que hay voluntad del gobierno federal, así como de todas las fuerzas representadas en el Poder Legislativo, para respaldar la iniciativa impulsada por el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera desde agosto de 2013.
El legislador federal sostuvo que el desahogo de la minuta de Reforma Política enviada el pasado 28 de abril por el Senado de la República a la Cámara de Diputados, forma parte de los recientes acuerdos establecidos con esa soberanía, y es uno de los principales temas pendientes de la agenda del Congreso de la Unión en el marco de las reformas constitucionales pactadas en 2013.
Enfatizó la importancia de darle curso antes de que finalice el actual periodo ordinario de sesiones para dar margen a que las autoridades locales hagan lo correspondiente en lo que toca a la conformación de la Asamblea Constituyente que establezca la primera Constitución de la Ciudad de México, pues recordó que ello implica plazos definidos:
Para este propósito, será necesario tener una Asamblea Constituyente, que será integrada en proporción mayoritaria mediante el voto el primer domingo de junio de 2016 y se instalará el 15 de septiembre del mismo año. La Ciudad de México deberá tener su primera Constitución Política a más tardar el 31 de enero de 2017.
Al recordar que desde el pasado 29 de abril esta minuta fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales, para dictamen, y del Distrito Federal, para opinión, Zambrano Grijalva recalcó que el hecho de modificar el estatus constitucional de la Ciudad de México va más allá de la expedición de un ordenamiento constitucional para la capital del país, pues implicará reconocer que todas las entidades que forman parte del pacto federal tienen los mismos derechos políticos.
Zambrano Grijalva afirmó que el ejercicio constituyente en el Distrito Federal puede ser ejemplo para el país y sentar las bases para una reflexión pendiente de cara al centenario de la Constitución en 2017, pues tiene sobre sí el reto de garantizar y proteger los derechos de millones de habitantes de una de las urbes más grandes del mundo que, aun sabiendo defender sus derechos, son tratados como habitantes de “segunda clase”.
Por lo tanto, abundó, con esa nueva Constitución hay el reto de promover los incentivos que consoliden una mayor retroalimentación con la ciudadanía a través de instituciones y servicios perfeccionados, y una representación política fortalecida.
Entre las transformaciones que tendrá el Distrito Federal, están:
Cambia su nombre a Ciudad de México y se mantiene como capital del país.
Se elimina la figura jurídica de “Delegaciones políticas” y se crean las “Demarcaciones territoriales” que serán encabezadas por un alcalde y contarán con un cabildo.
Desaparece la Asamblea Legislativa para dar paso a un Congreso local que poseerá facultades de aprobar o rechazar reformas constitucionales, como ocurre actualmente con el resto de los congresos estatales.
Los salarios no podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general respecto de las entidades federativas.
La Ciudad de México estará obligada a vigilar los recursos federales que se ejerzan o administran en las demarcaciones territoriales.
El gobierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud.
Los nombramientos del Procurador General de Justicia y del titular de la Secretaría de Seguridad Pública serán hechos por el jefe de Gobierno y ya no por el Ejecutivo federal.
