Si en 2018 Andrés Manuel López Obrador resultara vencedor en la elección presidencial esto sería resultado del fraude electoral, el mayor jamás maquinado en la historia de México.
Porque eso, un fraude electoral y a la ley, es lo que a lo largo de este año AMLO viene cometiendo y pretende continuar hasta 2018 con sus actos anticipados, muy anticipados, de campaña electoral. Porque son eso y no otra cosa sus apariciones cotidianas en todos los spots de televisión y radio de su partido personal, MORENA.
Esto es tan grotesco como si para los juegos olímpicos del año entrante en Río de Janeiro, algún pasado de listo empezará a correr hoy en el maratón que oficialmente no iniciará sino hasta el 18 de septiembre de 2016. Si algo así se permitiera hasta el peor maratonista del mundo ganaría. Por esa misma razón López va arriba en las encuestas, porque es el único que comenzó la carrera con tres años de anticipación.
Las regulaciones que se han ido añadiendo a la ley electoral, sobre todo las relativas a tiempos de campaña y precampaña, persiguen el propósito de una competencia electoral equitativa, con un piso parejo para los competidores. Entonces si hay duras sanciones para quienes inicien las campañas electorales días o hasta horas antes de lo establecido por la ley, con más razón habría que sancionar a quienes inician con años de anticipación y haciendo uso de los tiempos oficiales en radio y TV.
El INE debió haber frenado el fraude electoral de López desde hace meses. Pero los consejeros se excusan diciendo que la ley sólo prohíbe los llamados explícitos a votar, según la letra del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Es un pretexto, porque la letra de una norma no puede contradecir su espíritu.
Pero para quitar toda excusa la ley electoral debe reformarse cuanto antes para poner fin a los actos anticipados de campaña y considerar sanciones como la negativa de registro que, por cierto, ya opera para los candidatos independientes.Asimismo debe penarse hasta con la cancelación del registro a partidos que utilicen los recursos públicos que reciben para acciones criminales, como el robo de energía eléctrica que AMLO y MORENA está practicando en Tabasco.
