La falta de regulación uniforme y de datos específicos de esas instituciones, ha propiciado que se conviertan en los “peores centros de abuso en contra de los menores”. Podemos ver casos como el del albergue ‘La Gran Familia’ o ‘Casitas del Sur’, donde los menores sufrían todo tipo de abuso, manifestó.
No se debe permitir que lucren con la inocencia y vulnerabilidad de los infantes; se requiere supervisión e intervención constante de las autoridades para que los infantes reciban una mejor calidad de vida.
Refirió que datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) señalan que en nuestro país existen alrededor de 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues registrados, de los cuales 805 son privados y 117 públicos.
La legisladora explicó que la primera infancia, que va de los cero a los cinco años de edad, es una etapa importante, ya que se presenta el desarrollo de condiciones esenciales para la vida, es decir, las capacidades físicas, intelectuales y emotivas.
“Si un niño crece en situación de calle no se desarrolla a su máxima potencia. A esto hay que añadir que en ocasiones se presentan en este entorno problemas de adicciones, falta de acceso a la salud y a la educación, entre otras carencias y vulnerabilidades”, agregó.
Ramírez Nachis consideró indispensable que el DIF realice inspecciones para generar mayor control sobre el funcionamiento de los albergues, generalizando las medidas fitosanitarias y de protección civil para que estos lugares sean adecuados y eviten malos tratos y abusos laborales y sexuales.
El papel de la Secretaría de Gobernación en dichas inspecciones, debe ser el de velar por las garantías individuales de los menores de edad. Por parte de la Sedesol, establecer y ejecutar programas de atención a los sectores más vulnerables y desprotegidos, cuidando el cumplimiento efectivo de sus derechos. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez.
