Con esa reforma, la primera que vota y aprueba la LXIII legislatura en la Cámara de Diputados, se rompe con 37 años en los que el salario mínimo fue sujeto a un aumento para evitar incrementos inflacionarios, como los montos de créditos o sanciones.
El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano Grijalva, declaró aprobada la reforma constitucional con una votación de mayoría calificada, en lo general y en lo particular.
Asimismo, la remitió a las legislaturas de los estados para su ratificación y para promulgarla tendrá que ser avalada por la mitad más uno de los congresos locales.
Explicó que se trata de destrabar el salario mínimo de dos mil 413 disposiciones de distinto tipo, ordenamientos federales y locales, y “es la injusticia que hoy venimos a reparar. Esto que parece un mero ejercicio técnico-jurídico, es un cambio mayor en el arreglo económico mexicano”.
“Los diputados y senadores de la actual Legislatura estamos a punto de ofrecer un servicio mayúsculo e histórico a la sociedad mexicana: despojar de sus cadenas al salario mínimo”, dijo.
Zambrano Grijalva destacó que es la primera reforma pensada en la redistribución del ingreso en México en más de 37 años.
Comentó que la aprobación de esa reforma ocurre en un momento muy oportuno porque la Comisión Nacional de Salarios Mínimos suele emitir el decreto anual en diciembre de cada año, pero esta vez deberá proponer un ajuste significativo y sensato conforme al mandato.
Refirió que se aconseja que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no se precipite y espere la culminación del proceso legislativo en las legislaturas de los estados.
El objetivo de la reforma, enfatizó, es que los salarios se importen y sean independientes de ataduras jurídicas, y la gente pueda vivir y salir de la pobreza, mediante el trabajo duro y honesto.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Daniel Ordoñez Hernández, precisó que se reforma el inciso A del Artículo 41 y párrafo primero de la fracción seis del apartado A del Artículo 123 y se adicionan los párrafos seis y siete del apartado B de la Constitución.
En general, el dictamen aprueba que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia.
Esta será para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.
Además, las obligaciones y supuestos denominados en UMA se considerarán de monto determinado y se solventarán al entregar su equivalente en moneda nacional.
En cuanto al financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, se fijará anualmente al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65 por ciento del valor diario de la UMA.
